AUGC ha solicitado de manera reiterada a lo largo de los últimos años que se refuerce la protección judicial tanto a los guardias civiles como a sus familiares ante las amenazas y agresiones que, de manera creciente, sufren por su condición de trabajadores de la seguridad pública y personas allegadas a estos.
El último ejemplo de esta situación lo encontramos en Palma, donde una niña de trece años ha sufrido una paliza por ser hija de un guardia civil. La autora de la agresión, una joven de 17 años, ha sido detenida días después de que se produjeran los hechos. En AUGC celebramos esta detención y la atención que están dedicándole a este caso los compañeros de los distintos cuerpos de seguridad. Confiamos, así mismo, en que a esta joven, como a otros posibles participantes en la agresión, se les juzgue no solamente por esta agresión, sino también por un supuesto delito de odio.
?#ÚLTIMAHORA| Detenida la chica que dio una paliza a una niña de 13 años en Palma por ser hija de un guardia civil.
— AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) August 13, 2020
vía @Uhmallorcahttps://t.co/eKvbxMa6sf
Desde nuestra asociación observamos con creciente preocupación este tipo de agresiones, especialmente cuando éstas se extienden a los hijos menores de edad de los agentes, como es el caso citado.
Ya en 2013 se remitió un escrito por parte de la Secretaría Jurídica de AUGC al Consejo de la Guardia Civil en el que se daba cuenta del problema con el que se encuentran los guardias civiles que diariamente trabajan en la calle y que son víctimas de agresiones, amenazas, insultos, etcétera.
En dicho escrito se reclamaban cambios normativos que reforzaran la protección de los trabajadores, unos cambios que siguen sin producirse.
Estas agresiones suponen un gran daño para los guardias civiles y sus familiares. No sólo desde el punto de vista físico, sino también psicológico e incluso económico, ya que los periodos de baja suelen comportar una merma en sus nóminas.
Por otra parte, el agente que sufre una agresión no recibe ante los tribunales la protección debida ante la falta de un letrado puesto por la administración (Guardia Civil) para que defienda los intereses del agente en el juicio y evite acuerdos extrajudiciales que supongan que agredir a un agente salga más barato que una sanción administrativa.
Por último, a la hora de la condena, es desolador observar lo barato que sale el agredir a un agente en España. Así nuestro Código Penal (rebajas por acuerdos extrajudiciales aparte) recoge unas penas de 1 a 3 años, lo que genera que, en un gran número de casos, los autores ni ingresen en prisión, ni paguen indemnizaciones (son insolventes), y se rían de los agentes y de la propia Administración (por el perjuicio ocasionado con la baja laboral de los agentes).
Esta situación choca plenamente, por poner un ejemplo, con el sistema penal en Francia, donde no solamente los Gendarmes y Policías gozan de una protección judicial mucho mayor, sino que la protección se extiende a los bienes, propiedades y familia de los agentes, de manera que en el país vecino son mayores las condenas para aquellos que atenten contra los familiares de los agentes.
Ante esta situación, desde AUGC ya se solicitaba en 2013, y se sigue reiterando la petición, que desde la Dirección General de la Guardia Civil se canalice una reforma profunda del código penal en cuanto a los delitos contra los agentes, al objeto de que se observe el elevado grado de protección con el que cuentan con el fin de evitar que su profesión y los cometidos que desempeñan puedan originar daños en él, sus familias o bienes.
