Desde esta mañana y a través de la remisión de un escrito de AUGC, la Directora General, María Gámez, es conocedora del perjuicio que supone para los Guardias Civiles la ampliación de tres meses para resolver la adjudicación de los destinos. Las resoluciones número 2220005 y 2230003 publicadas en el Boletín Oficial de la Guardia Civil anunciaban este concurso de vacantes por méritos y antigüedad para el personal en activo. El plazo para resolverla era de tres meses desde la fecha límite de presentación de solicitudes, pero hoy en la Intranet se ha anunciado la ampliación a tres meses más. Como hemos hecho saber a María Gámez, esta situación es inadmisible, no se nos informó en el Pleno del Consejo de la Guardia Civil y es una decisión que no se puede adoptar sin haber una propuesta razonada que demuestre que los medios personales y materiales habilitados son insuficientes para la resolución dentro de plazo.
Los Guardias Civiles llevan más de un año esperando poder cambiar de destino y la incompetencia de la Administración para gestionar las solicitudes dentro de plazo supone un agravio para los profesionales. Según figura en el mensaje de la Intranet, “la intención es resolver [el número de solicitudes] a la mayor brevedad posible y así no afectar al siguiente anuncio de vacantes para este empleo, que está previsto para el día 4 de abril del 2023”. No obstante, el daño ya está hecho: Este atraso supone un perjuicio para la vida familiar, profesional y además impide el derecho a conciliar.
No se puede jugar de este modo con la vida de los agentes y con la de sus familias excusando “el número de solicitudes”, como se expresa en el documento de la Guardia Civil. El nivel de incompetencia resulta más que evidente, no es la primera vez que ocurre algo así y la Dirección General continúa sin poner soluciones para impedirlo. Esperamos hechos a la mayor brevedad posible dada la gravedad del asunto; desde AUGC seguiremos trabajando por todos.