Somos trabajadores esenciales pero se nos niegan derechos esenciales como la profesión de riesgo y la jubilación digna anticipada que si tiene reconocida las policías locales y las policías autonómicas.
En la mañana del día 2 de julio de 2024 la Delegación de Toledo de la Asociación Unificada de Guardias Civiles compuesta por su Secretario General, Pablo Herrera, y el Secretario de Formación, Juan Blanco, mantuvieron una reunión con el Diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados, Sergio Gutiérrez Prieto, para informarle que desde hace más de un año hay una Plataforma policial para la jubilación digna anticipada y la plena equiparación salarial integrada por 9 asociaciones de guardias civiles y 3 sindicatos de la policía nacional, que representan a cerca de 150.000 agentes de toda España, donde pedimos que no seamos tratados como una policía de segunda categoría en relación al resto de cuerpos policiales y seamos reconocidos como profesión de riesgo, respondiéndonos que nuestras reivindicaciones son legítimas porque no puede ocurrir que a unos policías si lo tengan reconocido y otros no.
El pasado día 16 de febrero los representantes de la Plataforma nos concentramos frente a todas las Delegaciones y Subdelegaciones de gobierno de toda España así como, también, el día 16 de marzo los guardias civiles y policías nacionales fuimos de manifestación a Madrid para que la sociedad española fuese conocedora de los agravios comparativos que tenemos con otros cuerpos policiales y para que se nos reconozca como profesión de riesgo que llevaría a la consecución de la jubilación digna anticipada y, también, para el cumplimiento de la plena equiparación salarial.
Pero hasta el día de la fecha no nos han reconocido como profesión de riesgo siendo incomprensible debido a la peligrosidad de nuestro trabajo ya que nosotros protegemos a todos los ciudadanos jugándonos la vida a diario (como así sucedió hace pocas fechas con el asesinato de dos guardias civiles en Barbate), y al no ser reconocidos como profesión de riesgo no nos aplican un coeficiente reductor que nos permitan acceder a la jubilación digna anticipada en unas condiciones dignas y equiparadas al resto de cuerpos policiales.
Este derecho le fue reconocido a la Ertzaintza en el año 2009, Policías Locales en 2019, Policía Foral de Navarra y Mossos de Esquadra en 2022, por lo que entendemos que es un auténtico agravio comparativo ya que nos sentimos abandonados en el momento crucial como es el paso a la jubilación.
El pasado día 14 de junio de 2024 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales una PROPOSICIÓN DE LEY para la modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social con el objeto de incluir a los miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional, y a los funcionarios del servicio de vigilancia aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo. Todo ello para encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, estableciendo un plazo de enmiendas que finaliza el día 3 de septiembre de 2024.
En la citada Proposición de Ley se pide la modificación de la edad ordinaria para el acceso a la jubilación donde se aplica un coeficiente reductor del 0,20 a los años completos trabajados para acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a 60 años ó a los 59 años con 35 años o más de servicio.
Entregamos un estudio realizado por el Secretario Jurídico de Toledo y miembro de la Comisión nacional de AUGC de reserva y retirados, Dani Timón, con las cantidades aproximadas que conllevaría la jubilación digna anticipada a los guardias civiles, donde sería una cantidad anual de incremento de gasto máximo de unos 50.100.000 de euros aunque eso sería si todos los agentes que están en reserva se jubilaran a la vez, y que reúnan las condiciones exigidas, pero seguramente que esa cantidad sería como máximo de unos 7.000.000 de euros al año ya que serían, como máximo, unos 550 guardias civiles debido a que el resto seguirían reenganchados en servicio activo, año a año, hasta la edad de 65 años ya que hay una pérdida económica de un 25% de las retribuciones totales al pasar a retiro.
Les solicitamos que atiendan estas justas reivindicaciones de la Plataforma para que se consiga aprobar esta PROPOSICIÓN DE LEY y que entraría en vigor para el día 1 de enero de 2025 porque entendemos que es de JUSTICIA e IGUALDAD con el resto de cuerpos policiales donde tienen reconocida ser profesión de riesgo y se les aplica la jubilación digna anticipada.
Le informamos que no se ha cumplido, en su totalidad, el acuerdo de la plena y total equiparación salarial que se firmó en marzo de 2018 con los Sindicatos de la Policía Nacional y las Asociaciones de Guardias Civiles, faltando por cumplirse la cláusula tercera (volver a trabajar el personal en reserva o segunda actividad por lo que sufren graves pérdidas económicas) y la cláusula octava (promulgar una Ley para que nunca haya diferencias salariales entre los distintos cuerpos policiales). Hace un año la Justicia nos dio la razón con una Sentencia de la Audiencia Nacional que obligaba al Gobierno a sentarse con nosotros para renegociar las partes incumplidas del acuerdo y el Gobierno no la acató, recurriéndola en casación para dilatarla en el tiempo.
Somos los policías pobres de la seguridad pública de España al no aplicarse el principio de igualdad de mismo trabajo mismo salario y, para colmo, se está perdiendo por completo el principio de autoridad debido a que cada día hay 30 policías que son agredidos en España.
Hay que mejorar la seguridad pública en la España despoblada o vaciada, donde sería de aplicación la cláusula tercera para que vuelvan a trabajar de manera voluntaria el personal en reserva sin destino, en destinos cómodos de atención al ciudadano, ya sea manteniendo un Cuartel o en una oficina del Ayuntamiento, siendo un Guardia Civil de cercanía.
No debería ser forzoso el pase a la situación de reserva sino que tendría que ser voluntaria para los guardias civiles porque es de justicia debido a que supone una pérdida económica para los agentes muy elevada, de casi un 30% de las retribuciones totales.
Para finalizar le expusimos que hay que invertir en SEGURIDAD porque la guardia civil está envejecida y se necesitan promociones de 3.000 ó 4.000 agentes cada año además de la gravísima falta personal en toda España y donde en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha hay 239 Puestos con casi 5.000 guardias civiles, siendo necesario un aumento de plantilla de un 15% ya que hay puestos casi vacíos debido a la creación de nuevas unidades que no están en el catálogo y al elevado número de comisionados.
Donde tiene que haber un nuevo despliegue territorial de la Guardia Civil con una reorganización de Unidades en núcleos operativos, que lleve consigo la implantación de una jornada laboral digna en turnos de trabajo y con cadencias fijas, lo que conllevaría a tener más personal realizando labores operativas en la calle, garantizándose un descanso diario mínimo, entre servicio y servicio, de 11 horas lo que supondría una mejor conciliación laboral y familiar de los Agentes, olvidándonos definitivamente del lápiz y de la goma borrar para hacer cuadrantes.
A ello se le añadiría que hubiese un coordinador o responsable de cada turno de servicio, recayendo en un Mando para la coordinación de los servicios y toma de decisiones ante los incidentes que vayan sucediendo.
También es necesaria una nueva Ley de Derechos y Deberes para avanzar en el derecho de asociación donde se dote de mayor tiempo para ejercer este derecho, a la vez que se garantice la actividad de los representantes y aumentar las cantidades destinadas a las subvenciones de las asociaciones profesionales ya que son muy escasas.
