El diputado del Partido Popular Bartolomé Madrid, junto a las senadoras Cristina Casanueva y Lorena Guerra, se han reunido en Córdoba con el secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Gustavo Pérez, y el responsable de relaciones institucionales, Rafael Sánchez, quienes les han trasladado varios informes sobre la situación de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba.
Los representantes de AUGC han insistido en el endémico déficit de guardias civiles en la provincia, cuyo número ha caído un cinco por ciento desde 2022, acumulando unas 150 vacantes sin cubrir, con un catálogo que se ha reducido un 7% en los dos últimos años y que es claramente insuficiente para las actuales necesidades de seguridad. Y a pesar de tener la plantilla más reducida de Andalucía, sigue siendo la provincia que menos refuerzos recibe en las sucesivas convocatorias de vacantes, lo cual empeora el servicio que se presta a la ciudadanía, favorece el incremento de la criminalidad y genera riesgos y perjuicios a los guardias civiles.
También han expuesto que en esta provincia la mayoría de acuartelamientos de la Guardia Civil son muy antiguos, y las partidas presupuestarias para infraestructuras son insuficientes todos los años, así como que más de la mitad de las viviendas no están en buen estado, a pesar de lo cual la inversión en esa partida presupuestaria se redujo más de la mitad el año pasado.
Del mismo modo, han hecho hincapié en que el parque móvil de la Guardia Civil en la provincia es demasiado viejo y está deteriorado, superando los vehículos de media los once años de antigüedad, por lo que no es de extrañar que en los últimos trece años se hayan gastado ya más de cuatro millones de euros en reparación y mantenimiento, más de 429.000 euros el pasado año.
Entre las propuestas trasladadas por AUGC a los parlamentarios están el incremento de la plantilla provincial, la reorganización del despliegue mediante la comarcalización de unidades y la agrupación de efectivos, la dotación de personal propio para los equipos especializados, el aumento de vacantes para el personal de reserva, la utilización del sistema de renting y la centralización de las compras de vehículos de Guardia Civil y Policía Nacional, entre otras.
En la reunión también se ha abordado el reconocimiento como profesión de riesgo a guardias civiles y policías nacionales, y la jubilación anticipada que ello conlleva, así como el cumplimiento íntegro del acuerdo para la equiparación salarial, la imperiosa necesidad de que los guardias civiles puedan tener una jornada laboral que les permita conciliar su vida laboral y familiar mediante turnos de trabajo, la reclasificación al grupo B funcionarial de las escalas básicas de los dos cuerpos estatales, el reconocimiento del derecho de sindicación en la Guardia Civil, la inaplicación del Código Penal Militar en el ejercicio de funciones policiales o en su tiempo libre, y la eliminación del copago farmacéutico para los guardias civiles retirados y jubilados.
Los representantes del Partido Popular han coincidido en la necesidad de seguir avanzando en derechos y mejoras para los guardias civiles, y han mostrado interés por las propuestas de AUGC para modernizar este cuerpo policial y mejorar la seguridad ciudadana en el medio rural y en la provincia de Córdoba, y se han comprometido a trasladar dichas propuestas a su grupo parlamentario.
