El pasado mes de enero, AUGC ya advertía a través de un comunicado cómo la creación de una nueva unidad de Policía Marítima en Cataluña había hecho saltar todas las alarmas entre especialistas de la Guardia Civil allí destinados
En dicho comunicado se anunciaba que Cataluña preparaba para este año una flota de siete patrulleras con claras intenciones de quitarse de en medio al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y al Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR) e intentar aglutinar más competencias policiales.
Lamentablemente, una nueva noticia viene a confirmar estos temores, ya que el pasado 10 de junio se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la disposición mediante la cual el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana daba luz verde a un acuerdo entre la Dirección General de la Marina Mercante y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. El convenio consiste en “la formalización de la formación marítima que deben recibir los integrantes del cuerpo de Mossos d´Esquadra y el cuerpo de bomberos de la Generalidad de Cataluña para el gobierno de las embarcaciones adscritas a dichos cuerpos en aguas marítimas”.
Se trata, además, de una formación que será pagada por el propio Gobierno, y que, para mayor agravio, será de una calidad muy superior a la que reciben los guardias civiles del Servicio Marítimo.
Nuevamente nos encontramos, por lo tanto, con un trato discriminatorio a favor de otros cuerpos policiales, con lo que se confirma la tradicional denuncia de AUGC: la Guardia Civil es un cuerpo de segunda, y así son tratados también sus trabajadores.
Hay que recordar que la Comisión Nacional de Policía Judicial (Órgano de coordinación reglado que agrupa al CGPJ, los ministerios de Interior y Justicia, la Fiscalía General del Estado y los departamentos de Interior con competencia en la materia, es decir Cataluña y País Vasco) determinó en 2019, por mayoría en votación, que la Guardia Civil asumiera todas las competencias policiales que tuvieran como escenario el mar, interior y exterior, funciones que en la actualidad competen única y exclusivamente a los especialistas de los GEAS (Unidad de Actividades Subacuáticas) y del SEMAR (Servicio Marítimo) de la Guardia Civil.
Pero en el pasado año 2020, el Gobierno de la Generalitat ponía en marcha un plan para asumir competencias en el ámbito de la seguridad pública estatal y ahora vuelve a la carga. Y lo hace, poniendo en funcionamiento la unidad de Policía Marítima de los Mossos d’Escuadra, situación que podría abocar a la salida de los especialistas de la Guardia Civil del mar en Cataluña.
Para AUGC esto supone un gasto innecesario, que repercutirá en el bolsillo de todos los ciudadanos, ya que esas necesidades de vigilancia del mar territorial están perfectamente cubiertas por los especialistas de la Guardia Civil, que es el cuerpo policial que ejerce las funciones que le corresponden en las aguas marítimas españolas y las aguas continentales.
Esta cuestión parece tener la clara intencionalidad de ir acaparando poco a poco competencias que ya tiene asumidas la Guardia Civil y querer “echar” a la Guardia Civil de Cataluña al igual que ocurrió en el País Vasco o como intentan realizarlo Navarra.
Por ello AUGC como asociación mayoritaria en el seno de la Guardia Civil reclama al ministro del Interior esclarecer la intencionalidad y fines de esta nueva unidad marítima del Gobierno catalán ya que, como denunciamos, existe una gran incertidumbre y preocupación entre los agentes allí destinados y sus familias, que temen el desarraigo que conllevaría un cambio de destino.
Esperamos, además, que en el próximo pleno del Consejo, el ministro del Interior comparezca para dar explicaciones sobre este asunto y el resto de reclamaciones que le hizo AUGC en la concentración del pasado 5 de junio en la Puerta del Sol de Madrid.
