Dichas mascarillas fueron importadas por la empresa UNIMAMA B.V. con sede en Ámsterdam (Holanda), remitidas por INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria dependiente del Ministerio de Sanidad que dirigía como Ministra la gran canaria doña Carolina Darias) y distribuidas desde Barcelona por la empresa Logista Pharma (a la que el Ministerio de Sanidad confió 'a dedo' la recepción, almacenamiento, gestión y distribución de material sanitario, de protección y farmacéutico por varias decenas de millones de euros) por diversas unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas durante el verano de 2022.
Solo en la Comandancia de Las Palmas (se desconoce cuántas se distribuyeron por el resto del territorio nacional y en otras Administraciones) se entregaron en torno a 300.000 mascarillas de tipo FPP2 y 200.000 mascarillas quirúrgicas, con una vida útil inferior a los nueve meses, justo en un momento en que solo era obligatorio su uso en centros y servicios sanitarios, y medios de transporte.
La falta de control en esta entrega fue de tal calibre que se llegaron a adjudicar a Unidades de la Guardia Civil mascarillas de tipo FPP2 cuyo destino real era el Centro Penitenciario Las Palmas, sito en el Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria), tal y como se puede observar en las imágenes adjuntas.
En noviembre de 2022, conscientes de que en pocos meses esas mascarillas caducarían, se remitió un correo electrónico desde la Zona de la Guardia Civil de Canarias (con sede en Santa Cruz de Tenerife) a las distintas unidades a donde se habían entregado estas mascarillas, diciendo que “el Mando de Apoyo, ha autorizado que, aquellas mascarillas higiénicas procedentes del suministro realizado por el INGESA que fueron distribuidas entre las distintas unidades del Cuerpo, y cuya fecha de caducidad se encuentre comprendida entre los meses de marzo-mayo del 2023, se puedan donar a entidades benéficas, sanitarias, residencias de ancianos o cualquier otro organismo o entidad que se considere oportuno”.
En base a esta orden dada por el Mando de Apoyo, se repartieron miles de estas mascarillas entre diversos organismos y entidades, como se acredita por ejemplo con la nota de prensa emitida por la Guardia Civil de Las Palmas el 19 de enero de 2023 de la cual se hizo eco en la cuenta de Twitter @GC_LasPalmas o en Facebook , en las que se observan fotografías de distintos guardias civiles haciendo entrega de las mismas a Centros de Mayores, de Refugiados e incluso a una concejalía de un ayuntamiento del Sureste de Gran Canaria.
Se desconoce si dichos organismos y entidades fueron conscientes de las condiciones en las que se encontraban dichas mascarillas que recibieron y si han ordenado que no se usen a partir de hoy aquellas que aún conserven.
La Guardia Civil pide a Mercedes González que investigue un contrato de mascarillas de María Gámez
— AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) April 18, 2023
vía @Moncloa_comhttps://t.co/8VDPHQ19Vo
Debe recordarse que hay serias dudas sobre si dichas mascarillas FPP2 cumplían con la normativa europea pues carecían del marcado CE, lo que unido al momento y forma en la fueron repartidas, no hacen más que acrecentar las dudas sobre su proceso de compra.
Todos estos miles de mascarillas que no deben usarse a partir de hoy suponen un perjuicio económico para la ciudadanía, con cuyos impuestos fueron adquiridas, que será incluso mayor pues ahora deberá sufragarse adecuadamente su destrucción.
Dados los hechos relatados y los datos que se van conociendo respecto a presuntas actividades ilícitas cometidas por mandos de la Guardia Civil, como el ‘Caso Grapa’ donde un juzgado madrileño investiga a una veintena de personas, físicas y jurídicas, por presuntos amaños en contratos relacionados con uniformes de la Guardia Civil, el ‘Caso Mediador’, causa en la cual, la única persona ingresada en prisión es el General de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa, o el ‘Caso Cuarteles’ donde se está siendo investigado un Teniente General y otros altos cargos de la Guardia Civil por la realización (o no) de obras en acuartelamientos de la Guardia Civil de 13 provincias (muchas de ellas en la Comunidad Autónoma de Canarias), es por lo que desde AUGC se considera que la adquisición y entrega de estas mascarillas debería ser escrutado.
Hoy 17 de abril se celebra el Pleno del Consejo de la Guardia Civil, al que asiste por primera vez la señora Mercedes González como nueva directora de la Guardia Civil tras la dimisión de su predecesora, la señora María Gámez, que dimitió hace menos de un mes, tras saberse que su marido está siendo investigado en el “Caso Santana y a quien ahora, le están aflorando numerosas propiedades inmobiliarias que NO había declarado. El Ministro Marlaska alabó la decisión de María Gámez como un ejemplo de profilaxis democrática.
Sería un buen comienzo en el cargo, que Mercedes González como nueva directora ordenase una investigación, para aclarar lo ocurrido con estos miles de mascarillas que ahora caducan.
