AUGC, así como otras asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional, venían denunciando desde hacía semanas que en Cataluña se estaba produciendo una grave discriminación de los trabajadores de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al no estar siendo vacunados. Mientras tanto, mossos y policías locales en esa comunidad autónoma sí habían recibido sus respectivas dosis.
Finalmente tuvo que ser la justicia la que impusiera el sentido común y obligase a que en Cataluña se vacunara a guardias civiles y policías, proceso que comenzaba ayer lunes.
Sin embargo, el inconcebible retraso en la inmunización de estos trabajadores públicos ya deja graves consecuencias. Es el caso del GRS de Barcelona, en el que nada menos que 15 del total de 18 integrantes han dado positivo en las pruebas de detección. Ninguno de ellos había sido vacunado.
Paralelamente, los 15 trabajadores del GRS de León, que sí habían sido inmunizados en esta provincia, y que actualmente prestan servicio de seguridad en unas instalaciones nucleares en Tarragona, han dado un resultado negativo en todos los casos ante las pruebas PCR que se les han realizado.
Es evidente que la discriminación de los agentes radicados en Cataluña a la hora de recibir las vacunas que les correspondían ha traído esta lamentable consecuencia, que deja sin efectivos a toda una unidad GRS.
Se demuestra así que las denuncias reiteradas de AUGC eran totalmente justificadas. Se han perdido unas semanas muy valiosas en reaccionar por parte del Gobierno de España, y ahora vemos los resultados de esta desidia.
¿Quién asumirá ahora la responsabilidad de esta pasividad y tibieza a la hora de impedir esta grave discriminación de unos trabajadores públicos esenciales para la protección de los ciudadanos?
