Los Mossos d'Escuadra recibirán antes de fin de año tres nuevas embarcaciones en su policía marítima con las que aspiran a aumentar sus competencias marítimas y asumir las competencias que están actualmente asignadas a la Guardia Civil
El pasado mes de enero, AUGC ya advertía a través de un comunicado cómo la creación de una nueva unidad de Policía Marítima en Cataluña había hecho saltar todas las alarmas entre especialistas de la Guardia Civil allí destinados
En dicho comunicado se anunciaba que Cataluña preparaba para este año una flota de siete patrulleras con claras intenciones de quitarse de en medio al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y al Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR) e intentar aglutinar más competencias policiales.
En junio, otra noticia confirmaba estos temores, ya que el pasado 10 de junio se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la disposición mediante la cual el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana daba luz verde a un acuerdo entre la Dirección General de la Marina Mercante y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. El convenio consiste en “la formalización de la formación marítima que deben recibir los integrantes del cuerpo de Mossos d´Esquadra y el cuerpo de bomberos de la Generalidad de Cataluña para el gobierno de las embarcaciones adscritas a dichos cuerpos en aguas marítimas”.
Hay que recordar que la Comisión Nacional de Policía Judicial (Órgano de coordinación reglado que agrupa al CGPJ, los ministerios de Interior y Justicia, la Fiscalía General del Estado y los departamentos de Interior con competencia en la materia, es decir Cataluña y País Vasco) determinó en 2019, por mayoría en votación, que la Guardia Civil asumiera todas las competencias policiales que tuvieran como escenario el mar, interior y exterior, funciones que en la actualidad competen única y exclusivamente a los especialistas de los GEAS (Unidad de Actividades Subacuáticas) y del SEMAR (Servicio Marítimo) de la Guardia Civil.
Pero en el pasado año 2020, el Gobierno de la Generalitat ponía en marcha un plan para asumir competencias en el ámbito de la seguridad pública estatal y ahora vuelve a la carga. Y lo hace, poniendo en funcionamiento la unidad de Policía Marítima de los Mossos d’Escuadra, situación que podría abocar a la salida de los especialistas de la Guardia Civil del mar en Cataluña.
Esta cuestión parece tener la clara intencionalidad de ir acaparando poco a poco competencias que ya tiene asumidas la Guardia Civil y querer “echar” a la Guardia Civil de Cataluña al igual que ocurrió en el País Vasco o como intentan realizarlo Navarra.
Por ello AUGC como asociación mayoritaria en el seno de la Guardia Civil reclama al ministro del Interior esclarecer la intencionalidad y fines de esta nueva unidad marítima del Gobierno catalán ya que, como denunciamos, existe una gran incertidumbre y preocupación entre los agentes allí destinados y sus familias, que temen el desarraigo que conllevaría un cambio de destino.
AUGC pide Zona de Especial Singularidad
Hay que recordar que AUGC lleva en su programa electoral la reclamación del reconocimiento de Cataluña como Zona de Especial Singularidad, de manera que los guardias civiles destinados en esta comunidad autónoma vean reconocido un trabajo que deben llevar a cabo bajo circunstancias adversas.
Por ello reclama un plan integral de medidas económicas y sociolaborales para los guardias civiles destinados en Cataluña, destinado a mitigar tanto la pérdida de poder adquisitivo que vienen padeciendo los agentes como la elevada presión social que soportan por parte de sectores independentistas, tanto los agentes como sus propias familias.
Las medidas propuestas van más allá de lo económico y recogen reivindicaciones de mejoras en el ámbito sociolaboral, teniendo en cuenta el incremento objetivo de la presión sufrida por los miembros de las FCSE en Cataluña desde hace varios años
En este sentido, AUGC reclama una actualización de complementos retributivos que palíen el elevado coste de vida en la demarcación policial urbana y las dificultades de la prestación del servicio en entornos rurales con peor comunicación.
