La Asociación Unificada de Guardias Civiles quieres mostrar su plena satisfacción por una sentencia que conmovió a la provincia malagueña en 2008, cuando en el barrio de Alhaurín de la Torre apareció el cuerpo de Lucia Garrido flotando, con golpes y un corte en la yugular, en la piscina de la finca en la que había convivido con su exmarido y su hija, situada en Los Naranjos, ha sido resuelto tras quince años y seis meses.
Este martes, el jurado por fin ha declarado culpables a los dos acusados del asesinato de Lucía Garrido y ha emitido un veredicto en el que consideran que la ex pareja de la víctima mortal, Manuel Alonso Herrero es culpable como cooperador necesario (por unanimidad) y Ángel Vaello, supuesto sicario como autor material del asesinato (con siete votos a favor y dos en contra). Los miembros del tribunal popular han considerado que la ex pareja de la víctima, "consintió" su muerte y "tuvo que ver en la contratación de un sicario para acabar" con su vida.
La investigación de aquel crimen a través de la llamada "Operación Telaraña" destapó múltiples irregularidades: tráfico de animales exóticos, corrupción urbanística, narcotráfico y una red ilegal que salpicaba a varios agentes de la Guardia Civil.
Según el escrito de la Fiscalía, en Los Naranjos no solo se guardaban animales, sino que la finca también había servido como almacén de droga para una organización criminal. De hecho, en abril de 2009, un año después de la muerte de Lucía, en ese mismo lugar murieron dos hombres de nacionalidad colombiana que irrumpieron en la propiedad de Alonso. Éste los disparó, según aseguró, en defensa propia.
El papel crucial de AUGC en el caso
Por aquel entonces Manuel Alonso se sentía impune por la gran cantidad de contactos que tenía dentro de la Guardia Civil y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado. Pero la labor de AUGC por hacer limpieza dentro del Cuerpo no permitió que el caso quedara archivado por falta de pruebas concluyentes, y consiguió que nueve años después, en 2017, la Audiencia Provincial de Málaga lo volviera a reabrir, gracias sobre todo al tesón de la familia de Lucía y al de la delegación malagueña de AUGC y su secretario general provincial, Ignacio Carrasco.
Tanta fue la implicación de Ignacio Carrasco que AUGC Málaga se convirtió en abanderada de la lucha contra la corrupción dentro de la Guardia Civil, hasta el punto de personarse como acusación particular en diversas causas.
Claves del juicio
Finalmente las tres claves en las que se ha sustentado el Veredicto del tribunal popular habrían sido: los viajes que realizó los días anteriores a la muerte de Lucía "sin motivo alguno", la retirada de los perros que custodiaban la parcela en la que residía Lucía y los malos tratos que la propia víctima denunció en numerosas ocasiones y de los que su círculo más cercano estaba al tanto.
Por su parte, para el jurado popular ha quedado igualmente probado que el declarado como autor material del crimen, Ángel Vaello, no tenía relación directa con la víctima. Por ello, y basándose en las declaraciones de los testigos, han considerado que Manuel Alonso lo contrató a través de terceros para asesinar "por sorpresa" a su ex mujer desde 2006. "La golpeó con un ladrillo en la cabeza y la arrastró a la piscina. Le asestó una cuchillada en el cuello y la arrojó al agua", ha relatado el portavoz. Su único interés, para el tribunal "era acabar con la vida de Lucía ya que no hubo agresión sexual ni robo".
Las penas a las que se enfrentan los declarados culpables
El juicio ha quedado visto para sentencia, y será el magistrado-presidente el encargado de fijar las penas correspondientes en función del delito de cada culpable. Los jurados han considerado dilaciones que agravan la condena el parentesco en el caso del exmarido y, las de alevosía y precio en ambos, según ha manifestado el fiscal, que además ha añadido que hay otras razones "especialmente reprochables" como son "la fría planificación", "la crueldad con la que se ejecutó el delito" y la finalidad, "que era facilitar otras actividades delictivas".
Finalmente, el Ministerio Público ha solicitado 24 años de prisión para Manuel Alonso y 22 de cárcel para Ángel Vaello; a lo que se han adherido las dos acusaciones particulares. Por el contrario, las defensas han rechazado las agravantes y han considerado que la atenuante debe considerarse en su grado máximo.
A su vez, el fiscal del caso ha reclamado la prisión incondicional de ambos individuos porque, a su parecer, establecer medidas de control como presentaciones periódicas o la prohibición de salida del territorio nacional "es insuficiente para neutralizar un riesgo de fuga que ahora es mayor que nunca".
Destacar que ya septiembre de 2019, la Fiscalía solicitó 23 años y medio de prisión para cada uno. Junto a ellos, dos guardias civiles también estaban acusados, pues se tenía sospechas de que pudieran estar vinculados en negocios ilícitos con Manuel Alonso. Por aquel entonces el jurado absolvió a los cuatro.
