PRIMERO
Muestran su total y absoluta disconformidad con el posible traspaso de las competencias actualmente asumidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puertos y aeropuertos de Cataluña, que no obedece a necesidad alguna ni a razones operativas, sino a un mero intercambio político. Reservándonos el derecho al ejercicio de las acciones legales pertinentes en todo aquello que conculque la legislación vigente y las condiciones de vida de los guardias civiles.
SEGUNDO
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone que, la competencia sobre “La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos, centros e instalaciones que por su interés lo requieran “asiste a la Guardia Civil, conforme al artículo 12.1.B. d) de dicha Ley Orgánica. El puerto y aeropuerto de Barcelona son objetivos estratégicos fundamentales para el Estado, no olvidemos que fueron objetivo de “Tsunami Democràtic” en los disturbios del 2019.
TERCERO
En la última Junta de Seguridad celebrada el pasado día 5 del mes en curso, ya se anunció el cese de las competencias, hasta ahora compartidas, del Seprona, relegando a esta especialidad de la guardia civil, ya no solo a un segundo plano, sino a su extinción prácticamente total. Esta cesión excede las competencias del mismo que, no son otras, que las de coordinar, y no de distribución de competencias que corresponde en exclusiva al poder legislativo. Además, no conformes con ese cese, ya sumado al cierre de la unidad de Gedex de Lleida o a la unidad del Greim de la provincia de Girona, el ahora President de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia una nueva Junta de seguridad para principios del 2025 en la que pretende llegar a más acuerdos perjudiciales para el colectivo de la Guardia Civil. Esta convocatoria, y lo que en ella se acuerde, debe constreñirse a la legislación vigente en cuanto a la distribución de competencias policiales, en caso contrario, se considerará nula de pleno derecho.
CUARTO
En ningún momento parece que Salvador Illa ha reflexionado sobre el bienestar de los ciudadanos con este tipo de acuerdos, los cuales están a favor de unos pocos en perjuicio de muchos y lo que es peor, no ha considerado en la escasez de personal de la policía catalana, la cual apenas tiene suficientes efectivos para paliar los altos índices de criminalidad con los que cuenta actualmente Cataluña, particularidad criticada por los sindicatos policiales catalanes. Añadir que los puertos y aeropuertos de Cataluña perderían efectivos expertos en la materia mientras que la policía catalana, sin contar con policías suficientes, tendría que formarse para realizar las funciones necesarias en ese tipo de trabajo.
QUINTO
Por último, lo que todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil venimos a denunciar en unidad de acción es la falta de escrúpulos a la hora de acordar que echen a miembros del cuerpo de la Guardia Civil de sus casas, de su tierra y que estos sean una y otra vez, moneda de cambio de nuestros dirigentes. Actualmente, la Guardia Civil es uno de los pocos elementos vertebradores que unen a Cataluña con el resto de España por lo que parece que lo que realmente se pretende con estos acuerdos sea la desconexión total de esta Comunidad Autónoma con nuestro país, con la consecuente desaparición de la representación del Estado.
No nos cabe ninguna duda que una vez adoptadas estas medidas, volveremos a ser moneda de cambio una vez vuelvan a necesitarlo para conseguir otros votos y así adelantar proyectos legislativos, viendo mermadas, una vez más, nuestras competencias. El sentir de todos los guardias civiles destinados en Cataluña y el de sus familias genera frustración y preocupación ante la incertidumbre que respiran a diario. No se puede jugar más sucio con la Guardia Civil, la cual se siente rehén de los independentistas, por lo que, exigimos respeto a nuestro trabajo y certidumbre en la estabilidad de nuestras familias, no siendo utilizados en sus pactos sin ningún pudor, máxime cuando estos acuerdos no responden a razones de idoneidad, sino simplemente a un interés político de nefastas consecuencias para el ciudadano.
