Hace unos días que se han publicado los nuevos destinos de guardias civiles, que son siempre muy esperados para reforzar las deficitarias plantillas de muchas provincias, y la de Córdoba es una de las que menos efectivos recibe habitualmente, pero en esta ocasión es aún peor, porque se van más agentes de los que llegan a la provincia.
De 2.359 guardias civiles que han obtenido destino, solo seis se incorporan a esta provincia, mientras que otros seis se marchan, a los cuales se unen otros diez que se trasladan a distintas provincias tras haber finalizado su periodo de prácticas. El resultado es que no solo siguen sin cubrirse las más de cien vacantes existentes, sino que además ahora hay menos agentes en la provincia.
No se incrementa el número de efectivos en ningún Puesto de seguridad ciudadana, a pesar de que la práctica totalidad de ellos necesitan refuerzos, pero es que hay algunos que incluso ven reducidas sus plantillas tras publicarse esos destinos, como ocurre con los Puestos de Priego de Córdoba, Bujalance, Rute, Posadas, Fuente Obejuna, Belmez y la patrulla del Seprona de Baena. Tampoco se refuerza el Núcleo de Servicios, que continuamente necesita apoyo externo para desempeñar sus cometidos.
Por lo tanto, la plantilla de la Guardia Civil en esta provincia sigue siendo tan deficitaria, e incluso más, que antes de los destinos publicados, y nuevamente Córdoba es una de las provincias más perjudicadas en el reparto, por debajo de otras provincias con menor población y extensión geográfica.
La situación es ya tan insostenible que no queda más remedio que acometer la reorganización del despliegue territorial de la Guardia Civil que la Asociación Unificada de Guardias Civiles lleva años reclamando, o se agravará el colapso de la seguridad ciudadana en el medio rural que ya se está produciendo, con la mayoría de las dependencias cerradas y las escasas patrullas disponibles sobrepasadas al tener que encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente. Y esa falta de guardias civiles redunda inevitablemente en un peor servicio a la población y afecta a la seguridad ciudadana, como demuestran continuamente las estadísticas del Ministerio del Interior.