Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias civiles han asesorado y representado a dos guardias civiles destinados en el Puesto de Castro del Río, obteniendo una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba mediante la que se condena a un vecino de Nueva Carteya como autor de un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones, imponiéndole la pena de nueve meses de prisión, así como a indemnizar a los agentes por las lesiones causadas.
Según se relata en la sentencia, los hechos tuvieron lugar en abril de 2022, cuando los agentes tuvieron que acudir a una vivienda de Nueva Carteya por un presunto delito de violencia de género, donde el acusado se negó a identificarse en todo momento, ofreciendo resistencia activa a la actuación de los guardias civiles, a los que propinó patadas para que no pudieran detenerle. La madre del acusado, que aprovechó el momento de la detención para golpear en la espalda a uno de los agentes, también ha sido condenada por la comisión de un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad.
El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido al agente agredido perteneciente a AUGC, ha declarado que “en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, se ha aplicado la agravante de reincidencia al haber sido condenado el acusado anteriormente en 2021 por un juzgado de Valencia como autor de otro delito de resistencia, y deberá indemnizar a los agentes por las lesiones causadas, así como abonar las costas procesales junto a la otra condenada”.
Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha afirmado que “mientras las agresiones a guardias civiles y policías nacionales van en aumento, el Gobierno y el Ministerio del Interior siguen sin reconocerles como profesión de riesgo, pero además debe incrementarse su protección jurídica, agravando las penas por este tipo de hechos, y dotarles de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales”.
