Un ciudadano conducía una furgoneta por una vía urbana de La Orotava, isla de Tenerife, cuando una patrulla de la Guardia Civil procedió a darle el alto. Haciendo caso omiso a las indicaciones y con la clara intención de menoscabar el principio de autoridad e impedir la labor policial, aumentó la velocidad de la marcha. Esto desencadenó una persecución que comenzó a las 00:35 horas de la noche y terminó con una colisión entre el vehículo y el coche oficial. Los dos Guardias Civiles que se encontraban en su interior resultaron heridos.
Los agentes requirieron al individuo que saliera de la furgoneta, pero éste se opuso mostrando una actitud hostil y agresiva. Para reducirlo fue necesaria la intervención de ambos componentes, que se emplearon a fondo ante el violento forcejeo. Durante el trayecto hasta las dependencias el detenido profirió numerosos insultos y amenazas contra uno de los Guardias Civiles, llegando a decirle que se quitase la pistola y lo mataría.
Al finalizar la intervención, los dos compañeros fueron diagnosticados de sus lesiones en una primera asistencia facultativa. Un agente presentaba cervicalgia y otro cervicalgia y dorsalgia. El primero precisó medio mes para su curación y el segundo necesitó 49 días y tratamiento médico rehabilitador.
Los Guardias Civiles pusieron los hechos en conocimiento de los servicios jurídicos de la Delegación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Santa Cruz de Tenerife para su defensa. La reputada Letrada Begoña Fleitas fue quien llevó el caso y logró que el acusado tenga que indemnizar uno de los compañeros con 5.861 euros y al segundo con 2.035 euros por las lesiones ocasionadas. Además, también tendrá que afrontar los gastos por los daños del vehículo oficial.
Felicitamos a la Letrada de la Delegación de AUGC en Santa Cruz de Tenerife, Begoña Fleitas, y al resto del equipo jurídico por el trabajo que han realizado para conseguir una sentencia favorable. Del mismo modo, agradecemos a nuestro afiliado la confianza depositada. Es de gran importancia estar siempre bien protegidos y representados en un procedimiento penal. Los agresores tienen que recibir el mayor castigo posible y también deben resarcir económicamente las cuantías adecuadas por las lesiones ocasionadas a los Guardias Civiles en el ejercicio de sus funciones. Ninguna agresión puede quedar impune.
A su vez, tenemos que insistir a las autoridades judiciales en que apliquen el máximo rigor penal y sancionador para este tipo de hechos. Las lesiones, los insultos y las amenazas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden convertirse en algo habitual. Hay que evitar que se cree la sensación de impunidad que en muchas ocasiones existe ante una agresión a un agente.
