La Dirección General de la Guardia Civil ha publicado 6.103 vacantes para guardias civiles en todo el país, de las cuales sólo 18 corresponden a la provincia de Córdoba, cifra que ni siquiera llega al 0,3% del total, a pesar de que hay 165 vacantes sin cubrir y de que ha perdido un 5,8% de efectivos en los tres últimos años, y que la práctica totalidad de unidades necesitan refuerzos.
Desde hace años Córdoba es la provincia andaluza a la que menos vacantes se asignan en las sucesivas convocatorias, pero en esta ocasión el agravio es aún mayor, porque solo Álava con once vacantes está por debajo a nivel nacional.
El ridículo número adjudicado a Córdoba contrasta con los del resto de provincias de la comunidad autónoma: Sevilla recibe 182, Granada 172, Cádiz 132, Almería 121, Huelva 120, Málaga 106 y Jaén 37. Así, la provincia de Córdoba apenas llega al 2% de los refuerzos que se destinan a Andalucía, a pesar de tener la plantilla más reducida de la comunidad autónoma, siendo la segunda en extensión territorial y la quinta en número de habitantes.
El resultado es que las unidades de la Guardia Civil en esta provincia van a seguir bajo mínimos y con graves problemas para poder ofrecer seguridad a los municipios, porque solo los Puestos de Palma del Río y Peñarroya reciben tres y dos vacantes respectivamente, cuando todos los puestos necesitan refuerzos.
El resto de vacantes se reparten con cuentagotas entre la USECIC, SEPRONA, Policía Judicial, Grupo de Información, Material Móvil y Planas Mayores, dejando al margen a Tráfico y a unidades como el Núcleo de Servicios, que no tiene personal suficiente para poder desempeñar sus cometidos.
Por todo ello, la Asociación Unificada de Guardias Civiles considera indignante el continuo menosprecio que muestra la Dirección General de la Guardia Civil hacia la provincia de Córdoba. Esta situación afecta a los guardias civiles porque no pueden ejercer adecuadamente sus funciones, pero sobre todo perjudica a la seguridad ciudadana, por lo que resulta incomprensible la falta de reacción de la mayoría de instituciones, como ayuntamientos, mancomunidades, Diputación y Subdelegación del Gobierno, pero también de partidos políticos, organizaciones empresariales y asociaciones civiles de distinto tipo.
