El coordinador de la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad y el secretario general de la federación andaluza de la Asociación Unificada de Guardias Civiles se han reunido con las responsables del Área de Vulnerabilidad del Defensor del Pueblo Andaluz, encuentro en el que los representantes de AUGC trasladaron una serie de propuestas para mejorar los servicios de conducciones y custodias de presos en la comunidad autónoma y garantizar los derechos de los internos en centros penitenciarios.
Tras dicha reunión, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha dirigido un escrito a la Comisión de SEPROSE de AUGC comunicándole que “analizaremos las cuestiones que son de nuestra competencia para aperturar actuaciones de oficio ante la Administración Autonómica”, añadiendo que “como ya se hiciera desde esta Institución en 2015 con la elaboración de un informe especial sobre las Unidades de Custodia Hospitalaria analizaremos su situación actual y estudiaremos las medidas que se pudieran adoptar para paliar las carencias denunciadas por su asociación”.
Además, en dicha notificación el Defensor Andaluz dice que “respecto a la transferencia de la sanidad penitenciaria, hemos solicitado tanto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como de la Consejería de Salud información sobre las dilaciones en la ejecución de transferencia desde que se aprobara la Ley 16/2003, que reiteraremos en una nueva queja de oficio”. Sobre esa cuestión, AUGC expuso en el encuentro la necesidad de cumplir el mandato legal de hace más de veinte años y transferir a la Junta de Andalucía los servicios sanitarios ahora dependientes de Instituciones Penitenciarias, al objeto de su plena integración en el sistema de salud autonómico, porque sería beneficioso tanto para Interior como para la propia administración andaluza, y sobre todo para las personas internas en centros penitenciarios, que de ese modo tendrían una mejor atención sanitaria y no perderían consultas y pruebas médicas, como ocurre actualmente –17.245 citas médicas perdidas a nivel nacional en los últimos ocho años debido a la falta de agentes para trasladarles–. Debe tenerse en cuenta que Andalucía es la comunidad con mayor número de centros penitenciarios, integrando casi un tercio de la población reclusa de todo el país.
Los representantes asociativos también han expuesto la necesidad de que los hospitales andaluces tengan garajes con acceso directo y restringido para poder extraer con la suficiente seguridad a los presos y detenidos de los vehículos celulares y policiales, con el fin de evitar los riesgos de fugas y agresiones que se producen cuando esos cometidos se llevan a cabo en plena calle. Así como que, en aquellos edificios en los que no sea posible disponer de ese tipo de garajes, se habiliten zonas seguras con la misma finalidad.
Por su parte, el Defensor Andaluz recoge en su comunicación que “estas carencias en la atención médica y asistencia sanitaria de la población reclusa no se limitan a los traslados, sino que se perpetúan en el momento de la atención como consecuencia de la falta de espacios habilitados en los que los internos e internas puedan esperar a ser atendidos ya que, denuncian en su informe, en la mayoría de centros hospitalarios de Andalucía carecen de dependencias adecuadas para las custodias de las personas privadas de libertad mientras esperan para ser atendidas, situación que puede prolongarse durante horas al no existir protocolos que prioricen la asistencia a estos pacientes”. Efectivamente, desde AUGC se han puesto de manifiesto esos graves problemas de seguridad y se ha propuesto que se habiliten en los centros hospitalarios de referencia dependencias adecuadas y separadas del resto de pacientes y usuarios, así como que se prioricen y agilicen las gestiones y la atención a dichos internos en los hospitales.
Por último, el Defensor del Pueblo Andaluz también se hace eco en su escrito de distinta problemática que entiende ajena a sus competencias y que deberá ser trasladada al Defensor del Pueblo Español: “modificación y actualización del protocolo para la conducción y custodia de internos de centros penitenciarios”, “los vehículos no reúnen las especificaciones técnicas establecidas en la orden de aplicación, viajando los internos e internas en asientos rudimentarios orientados lateralmente y sin cinturones de seguridad, poniéndose en riesgo su integridad y seguridad”. Debe tenerse en cuenta que los vehículos celulares de la Guardia Civil en Andalucía superan la media nacional de antigüedad.
