El Defensor del Pueblo ha emitido una resolución recomendando que “se revisen los protocolos seguidos y los criterios valorados en los traslados de personas privadas de libertad entre centros penitenciarios, llevando a cabo una actualización de las líneas de conducción para tratar de evitar desplazamientos innecesarios y para conseguir el objetivo de optimizar los recursos materiales y humanos disponibles”.
Dicha recomendación tiene su origen en la queja tramitada por un interno que, para ser trasladado desde la prisión de Huelva hasta la de Sevilla –trayecto que no alcanza los 100 kilómetros–, fue desplazado de Huelva a Badajoz, de allí a Madrid, posteriormente a Jaén y finalmente a Sevilla, habiendo pasado por tres centros penitenciarios intermedios y recorriendo más de 1.000 kilómetros.
En su dictamen, el Defensor pone de manifiesto que “el mapa de rutas de traslados que actualmente se utiliza se encuentra bastante limitado, no solo en los factores valorados para acordar las conducciones sino también en lo referente al número de líneas disponibles para efectuarlos”. Y añade que “lo anterior pone en entredicho que se esté alcanzando -de forma efectiva- el objetivo perseguido por la Dirección General de la Guardia Civil de ‘economizar tanto los recursos humanos como los materiales”.
Pero además, esa institución corrobora lo que AUGC lleva años denunciando respecto a las graves carencias de los vehículos que utiliza la Guardia Civil para las conducciones, al exponer en su resolución que “las consecuencias de estas deficiencias son sufridas por las personas privadas de libertad, que son las que deben soportar largos viajes en vehículos celulares –que se tiene constancia de que no siempre cumplen con las características técnicas recogidas en la normativa–”.
Por otro lado, ante la queja formulada por un representante de AUGC en Badajoz, el Defensor ha emitido otra resolución recomendando que “se comuniquen las conducciones de las personas privadas de libertad al organismo que deba ejecutarlas con la suficiente antelación, a fin de conseguir una adecuada organización de los servicios que permita el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre la conveniencia del acompañamiento de las personas conducidas por profesionales de su mismo sexo”.
AUGC valora positivamente que el Defensor del Pueblo haya emitido esas recomendaciones, sobre todo teniendo en cuenta que anteriormente había rechazado intervenir cuando la Comisión de SEPROSE de esta asociación profesional tramitó hace unos meses una queja para que dicha institución requiera al Ministerio del Interior la modificación del protocolo sobre conducción y custodia de internos de centros penitenciarios, al objeto de que se ajuste a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo cual no ocurre ahora.
Ante esa solicitud, el Defensor se inhibió alegando que “no se desprende una vulneración de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido, o no existe una actuación irregular de la Administración que sea susceptible de ser supervisada”. Y ello a pesar de que en la queja se especificaba que el actual protocolo conlleva que cada año se anulen miles de consultas o asistencias médicas de internos por carecer de agentes suficientes, al tener que encargarse la Guardia Civil no solo de trasladarlos, sino también de custodiarlos durante horas en hospitales y consultas que son competencia de la Policía Nacional.
Esa situación genera la vulneración de los derechos de las personas presas, porque la Constitución les reconoce el derecho a la protección de la salud y la normativa penitenciaria les garantiza una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. De hecho, el propio Defensor recomendó hace tiempo que se adoptaran las medidas necesarias para que, una vez coordinadas con los hospitales las citas médicas para los internos, puedan ser atendidos sin que falle la disponibilidad de agentes para las conducciones. Y además se expone a los guardias civiles a unos riesgos de seguridad que no les corresponde asumir.
