La justicia ha vuelto a corregir las represalias que la Dirección General de la Guardia Civil ejerce contra los legítimos representantes de AUGC a través de expedientes y castigos disciplinarios. Una práctica que, además, únicamente afecta a los miembros de nuestra organización.
Hablamos, en este caso, de la sanción de diez días de pérdida de haberes y suspensión de funciones que se había aplicado al que fuera secretario general provincial de la delegación de Badajoz, Serviliano Valencia, por resolución del General Jefe de la Zona de Extremadura por “emitir informes partes de servicio que no se ajusten a la realidad o la desvirtúen”.
El mencionado representante de AUGC y guardia civil, en el ejercicio de sus funciones asociativas, formuló en su día un parte disciplinario para que se investigaran unas irregularidades en el nombramiento de servicios de formación del Destacamento de Tráfico de Zafra. Solo pidió eso: que se investigasen los hechos.
Estas irregularidades fueron acreditadas y el jefe del Destacamento de Zafra fue sancionado con falta leve, aunque no se aplicó ya que la misma, casualmente, había prescrito, pero esto poco importó a quienes dirigen la Guardia Civil en la provincia de Badajoz y volvieron a poner en marcha la maquinaria represiva contra nuestro compañero Serviliano, quién resultó sancionado, sufriendo en su persona problemas de salud con motivo de este atropello. En cualquier otro organismo, ya sea del ámbito público o privado, el hecho de tener la valentía de poner en conocimiento unas prácticas irregulares sería objeto de reconocimiento, pero no ocurre así en la Guardia Civil donde se castiga y reprime a quién intenta mejorar el funcionamiento de la Institución poniendo en conocimiento posibles prácticas irregulares.
Ahora, el Tribunal Militar Central nos vuelve a dar la razón, y estima el recurso presentado por los servicios jurídicos de AUGC Badajoz, dirigidos por el abogado Segundo Berjano Murga, contra esta sanción y las resoluciones posteriores que las respaldaron. En concreto, la sentencia revoca dichas resoluciones “por ser contrarias al principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, al no ser los hechos sancionados constitutivos de dicha infracción disciplinaria”.
Por ello, la sentencia establece que “de la documentación militar del recurrente deberá desaparecer toda mención relativa a dicha sanción”. Además, el Tribunal Militar Central falla que “por el órgano competente de la Guardia Civil se procederá a la compensación de las retribuciones dejadas de percibir por el demandante como consecuencia de la ejecución de la sanción anulada, con el interés legal desde el día de la materialización de la sanción hasta la fecha del efectivo reintegro”.
Un nuevo caso que vuelve a sacar los colores a la Institución y pone de relieve su persecución a quienes intentan democratizar la Guardia Civil. Sin embargo, poco o nada conocen de AUGC si piensan que la represión a golpe de sanciones, harán mella en nuestra lucha. Somos la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, contamos con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y venimos liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nacimos como sindicato clandestino. Incluso, nuestra lucha por la democratización de la institución nos valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe), por lo que nuestra dignidad y trabajo por la mejora de las condiciones laborales, sociales y económicas de los guardias civiles seguirá, con más fuerza si cabe, en pie hasta la consecución de nuestras reivindicaciones.
