Una sentencia reconoce el derecho de que cualquier guardia civil perciba el mismo complemento específico de una especialidad, aunque trabaje en ella temporalmente

Los demandantes prestan servicio en la Escuela de Tráfico de Mérida.

Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida.
Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida.

Una vez más, el trabajo de los servicios jurídicos de AUGC ha conseguido que se reconozcan los derechos de los guardias civiles. En este caso los trabajadores demandantes, que tienen la especialidad de automovilismo, reclamaban que se les reconociese el derecho a percibir el componente singular del complemento específico de la especialidad de Tráfico (que es de cuantía superior a aquél), en igualdad de condiciones que el resto de componentes que desarrollan idénticas funciones, mientras se encuentren destinados en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida.

Por este motivo se recurrieron siete resoluciones del Director General de la Guardia Civil, posteriormente confirmadas por resoluciones que desestimaban los recursos de reposición y, que rechazaban las solicitudes de los recurrentes.

La demanda de AUGC se sustentaba, entre otros argumentos, y después de analizar la configuración del componente singular que solicitábamos, en la vulneración del derecho igualdad.

Finalmente, de los siete recursos interpuestos se han estimado seis de ellos, estando a la espera de que sea estimado el último restante.

Las sentencias estimatorias se han pronunciado en el siguiente sentido: “estimar el recurso interpuesto (...) contra la resolución del Director General de la Guardia Civil (...) que anulamos por ser disconforme a derecho, reconociendo el derecho a percibir el componente singular del complemento específico de tráfico, en igualdad de condiciones que el resto de componentes que desarrollan idénticas funciones en la Escuela de Tráfico de Mérida, con efectos desde 2014 y hasta la actualidad y en lo sucesivo mientras se encuentre destinado en la unidad y realizando las mismas funciones.

Las cuantías que percibirán los demandantes al haber sido estimado su recurso rondan la cantidad de 15.000 euros para cada agente.

Además, las sentencias cargan a la Administración el pago de los costes judiciales. Es decir, una vez más el empecinamiento de la Dirección General lo tienen que pagar los ciudadanos.

 

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