En 2013, AUGC Cádiz difundió entre los medios de comunicación una nota de prensa en la que se informaba acerca de las deficiencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cádiz. Posteriormente, y a raíz de esta nota de prensa, el jefe de la Comandancia de esta provincia instó a la apertura de una investigación por si nuestra asociación hubiera podido cometer un delito militar por revelación de secreto, por lo que el togado militar llamó a declarar en calidad de testigos al secretario provincial y al secretario de comunicación de esta delegación de AUGC.
El pasado viernes 10 de abril llegaba hasta la delegación de AUGC Cádiz la notificación del auto de inhibición de las diligencias previas instruidas por este caso. En dicha notificación se explica que, al haber sido la citada nota de prensa redactada por un guardia civil retirado, el togado militar se inhibía a favor del Juzgado Decano de Instrucción de Cádiz, “por resultar la Jurisdicción Ordinaria competente para conocer de la responsabilidad penal que pudiera derivarse de la difusión de información sobre la organización, medios y recursos del Servicio Marítimo de Cádiz”. En otras palabras, que al estar el guardia civil retirado, las diligencias se derivan a la justicia civil.
En dicha notificación se explicaba, además, que las diligencias previas que habían dado lugar al proceso se habían iniciado por Auto de fecha 14 de noviembre de 2013, con motivo de las diligencias policiales instruidas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz.
Es decir, que nos encontramos ante el uso de medios oficiales para investigar si los representantes de una asociación profesional incurren en delito militar. Estamos, una vez más, ante el uso inadecuado de los recursos policiales como herramienta represiva ante las denuncias que las asociaciones, representantes de los trabajadores de la Guardia Civil, realizan ante la opinión pública.
Se trata, de nuevo, del recurso a la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles como medida de coacción ante la defensa de los derechos de los trabajadores y del buen funcionamiento del Cuerpo. En este sentido, AUGC reclama como uno de sus objetivos fundamentales la desmilitarización de la Guardia Civil y la posibilidad de contar con sindicatos en el Cuerpo, un derecho que acabaría con la arbitraria aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, que pueden sufrir condenas de cárcel por simples discusiones laborales.
El pasado viernes 10 de abril llegaba hasta la delegación de AUGC Cádiz la notificación del auto de inhibición de las diligencias previas instruidas por este caso. En dicha notificación se explica que, al haber sido la citada nota de prensa redactada por un guardia civil retirado, el togado militar se inhibía a favor del Juzgado Decano de Instrucción de Cádiz, “por resultar la Jurisdicción Ordinaria competente para conocer de la responsabilidad penal que pudiera derivarse de la difusión de información sobre la organización, medios y recursos del Servicio Marítimo de Cádiz”. En otras palabras, que al estar el guardia civil retirado, las diligencias se derivan a la justicia civil.
En dicha notificación se explicaba, además, que las diligencias previas que habían dado lugar al proceso se habían iniciado por Auto de fecha 14 de noviembre de 2013, con motivo de las diligencias policiales instruidas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz.
Es decir, que nos encontramos ante el uso de medios oficiales para investigar si los representantes de una asociación profesional incurren en delito militar. Estamos, una vez más, ante el uso inadecuado de los recursos policiales como herramienta represiva ante las denuncias que las asociaciones, representantes de los trabajadores de la Guardia Civil, realizan ante la opinión pública.
Se trata, de nuevo, del recurso a la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles como medida de coacción ante la defensa de los derechos de los trabajadores y del buen funcionamiento del Cuerpo. En este sentido, AUGC reclama como uno de sus objetivos fundamentales la desmilitarización de la Guardia Civil y la posibilidad de contar con sindicatos en el Cuerpo, un derecho que acabaría con la arbitraria aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, que pueden sufrir condenas de cárcel por simples discusiones laborales.
