CONTINÚA LA REPRESIÓN CONTRA AUGC

La Guardia Civil, se vale nuevamente del régimen disciplinario para actuar contra otro dirigente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, en este caso el Secretario de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Cádiz.
En esta ocasión han optado por sancionar a un representante de los guardias civiles por, supuestamente, elevar una queja fuera del conducto reglamentario. Por supuesto, nada dicen del contenido de esa queja y sí en cambio, actúan contra quienes la presentan por aquello de “matar al mensajero”. Y si además, es un miembro activo de AUGC, pues se matan dos pájaros de un tiro, dado el efecto ejemplarizante para el resto de sus compañeros.
Pero es que además, ha existido un uso torticero del régimen disciplinario por parte del mando sacionador, el Capitán Jefe de la 3ª Compañía en Villamartín, el cual interpreta a su manera el consabido “conducto reglamentario” que heredado de la más rancia tradición militar, viene a consagrar la obligación de que toda la cadena de mando tenga conocimiento de cuantas noticias vayan en uno u otro sentido.
Según este Oficial, la petición que nuestro compañero vierte en una instancia, no debería ir dirigida a él, sino a un mando intermedio para que éste resolviera. Pero sorprendentemente, ignoran que dicho mando intermedio fue precisamente quiene recepcionó la instancia y posteriormente remitió a su superior inmediato, dejando constancia documental de ello, y dando por tanto perfecto cumplimiento al conducto reglamentario, oscuro objeto de especial protección para el Sr. Capitán de la Compañía.
Ante este absurdo, los servicios jurídicos de AUGC ya se han puesto manos a la obra actuando en todos los pasos del procedimiento, que por lo general, acaban siendo resueltos por la vía judicial puesto que el sentido de la justicia y de los derechos individuales que tienen los mandos de la Guardia Civil encargados de la confección de estos expedientes, no suelen cambiar jamás el sentido de los mismos, alargando al máximo de tiempo posible la condición de sancionado que pesa sobre aquel que ha sido objeto de una injusticia.
Por supuesto, despues de meses o años, algún tribunal quita la razón a quienes acusaron injustamente, éstos están exentos de cualquier tipo de responsabilidad, siendo por tanto, obligación del Estado (y sus contribuyentes) la restitución e indemnización del mal causado.