En las últimas horas se ha conocido la detención del capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Algeciras por presunta vinculación con el narcotráfico en el área del Campo de Gibraltar, en concreto se le está investigando por revelación de secretos, prevaricación y pertenencia a banda organizada.
Con todas las reservas y respeto a la presunción de inocencia de este mando, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles queremos mostrar nuestra honda preocupación ante una situación que, de demostrarse, pondría en evidencia algo que ya en su momento denunciamos: la extensión de los tentáculos del narcotráfico en la provincia de Cádiz hasta altas instancias de la Administración y la función pública.
Desde AUGC, tras la detención del capitán, vamos a permanecer atentos a la evolución de los hechos. En función de ésta, nuestros servicios jurídicos estudiarán las medidas oportunas a adoptar. Cabe recordar, en este sentido, que uno de los objetivos principales de AUGC, recogido en sus estatutos, es la lucha contra la corrupción dentro de la Guardia Civil.
La profundidad de la amenaza del narcotráfico en la provincia de Cádiz es de tal envergadura que, como ya venimos advirtiendo reiteradamente, requiere de un plan integral de seguridad permanente que aborde la situación en todas sus derivaciones. Ha quedado demostrado que los parches que desde el Ministerio del Interior se vienen aplicando en los últimos meses son absolutamente ineficaces.
De entrada, reclamamos que el área de Campo de Gibraltar sea declarada zona de especial singularidad. Por supuesto, este plan integral debería partir del incremento permanente y especialización de las fuerzas de seguridad, y debería abordar otras cuestiones como la incentivación para compensar la mayor peligrosidad, penosidad y sobreesfuerzo que conlleva ejercer la función policial en esta zona; además es necesario el desarrollo de un plan de empleo en la zona y un proyecto de mejora de la escolarización.
Además de esto, sería necesario estrechar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, especialmente Junta de Andalucía, Gobierno de España y Europa, así como la creación de juzgados especiales contra el narcotráfico y la presencia de un mayor número de agentes especializados dedicados a las labores de investigación. Otra de las medidas necesarias pasa por algo tan simple como la creación de depósitos judiciales donde custodiar todo el material confiscado a los delincuentes.
El plan pasaría también por el examen de todas aquellas actividades que se crean ante la necesaria ocultación de los beneficios obtenidos con el negocio principal, es decir, investigar empresas, bienes, operaciones comerciales, bancarias, nivel de vida, etcétera, en la que deben de intervenir otros organismos ajenos a los cuerpos de seguridad como la Seguridad Social, Entidades Bancarias, Agencia Tributaria, etc.
