Tras cuatro años de trámites jurídicos la Guardia Civil ha sido condenada a reconocer que está obligada a entregar un chaleco reflectante a un guardia civil cuando éste comenzó a prestar servicio en la red viaria. Dichos chalecos, de uso obligatorio en la prestación del servicio y que fue entregado en su día como parte de la dotación a todos los miembros del Cuerpo, salvo al recurrente que se encontraba convaleciente por una lesión.
En la resolución judicial el Juez considera que dicha prenda pertenece a los llamados elementos de protección individual y como tal, es obligación de la empresa, Guardia Civil, dotar de la misma a los trabajadores.
Además, la Guardia Civil está obligada a pagar las costas judiciales, lo que implica que el mando que se negó a reconocer que este agente tenía derecho a que se le entregara una prenda de seguridad pasiva que puede costar aproximadamente 15 euros, ha causado que seamos los contribuyentes españoles quienes nos veamos perjudicados por una injusta decisión que va a acabar costando 800 euros.
Y es que como en tantas y tantas decisiones que se toman a diario y que afectan de lleno a los agentes que las padecen, y que por su arbitrariedad y capricho provocan la búsqueda del amparo judicial como única salida, la resoluciones judiciales tan solo reparan la injusticia cometida, pero tras ella, nunca vemos consecuencias contra la persona que tácitamente se equivocó.
Sí vemos, en cambio, el uso y abuso del régimen disciplinario cuando se trata de aplicarlo contra el subordinado, como está ocurriendo en la Unidad de destino del agente recurrente, el Puesto de Arcos de la Frontera, donde en los últimos tres años se han incoado hasta 20 expedientes disciplinarios contra los agentes allí destinados.
