La federación de AUGC en Andalucía denuncia nuevamente la impunidad con la que operan habitualmente las personas relacionadas con los delitos de narcotráfico en el campo de Gibraltar y zona de influencia.
El pasado miércoles un camión que fue identificado por una patrulla de la Guardia Civil en Algeciras transportaba una lancha de las dedicadas al narcotráfico en cualquiera de sus variantes (carga o aprovisionamiento de combustible), resultando ser una embarcación sin número de serie y tres motores de 350 CV, así como 111 garrafas de 20 litros de combustible, procediéndose en consecuencia, a la detención del transportista por un delito de falsedad documental.
Pero el problema no acaba ahí. El camión con toda su carga quedó inmovilizado en la puerta del cuartel de Los Barrios, con el consiguiente riesgo que conlleva para los trabajadores y familias que habitan en la misma. AUGC denuncia un nuevo caso de descoordinación en la Administración Pública, y la “pelota” va de un lado para otro sin que nadie quiera hacerse cargo. Por un lado el depósito judicial no se hace cargo, por otro la empresa que se suele encomendar de la recogida del combustible tampoco, alegando que es un asunto que compete al Juzgado. Finalmente una carga ilegal y peligrosa, confiscada de gracias al buen trabajo de los guardias civiles, resulta finalmente ser un problema, siendo los mismos agentes que han realizado el servicio quienes deban hacerse cargo una vez más de la peligrosa mercancía retirada. Incluso la Consejería de Interior de la Junta de Andalucía se lava las manos porque es imposible intervenir sin orden judicial.
Eso sí, los guardias civiles siguen haciendo su trabajo a pesar de que, por parte de la Administración en todas sus facetas, Judicial, Ministerial, Autonómica, se prodigan las buenas palabras, pero no los hechos para intentar paliar este problema, ya que no llegan esas medidas.
No nos encontramos ante una situación excepcional, ni mucho menos, pues las unidades de la Guardia Civil se han convertido en improvisados depósitos judiciales de vehículos, embarcaciones, combustible, y de toda clase de material que, ante la falta de toma de decisiones al respecto de la Administración, se convierten en depósitos permanentes, recayendo por tanto la responsabilidad y el riesgo, en los guardias civiles y sus familias, a costa de su propia integridad física, pues recordemos que los centros de trabajo de la Guardia Civil se encuentran viviendas donde residen familias.
Desde AUGC venimos demandando la ejecución de un Pacto de Estado integral, pero no vemos que se haga efectivo. Un Pacto de Estado que conlleve el aumento de plantillas en Guardia Civil y Policía Nacional, más medios materiales y por supuesto una efectiva respuesta conjunta de todas las Administraciones competentes, incluido la creación de un juzgado especial que atienda de manera exclusiva los delitos relacionados con el narcotráfico. Hasta que esto no se alcance un acuerdo para la creación de ese Pacto de Estado, los ciudadanos no percibirán una respuesta eficaz contra el narcotráfico.
