Finalmente, el destierro de cuatro guardias civiles de Cádiz se ha consumado.
Es el lamentable colofón de la historia de una injusticia, como hemos venido comunicando desde mayo de 2016, cuando a cuatro agentes de los puestos gaditanos de Arcos de la Frontera y Ubrique les instruyeron expedientes disciplinarios simplemente por decir la verdad como testigos en sede judicial, una circunstancia que les ha supuesto el cese en sus destinos.
Las prácticas habituales del régimen interno de la Guardia Civil aplicadas por los mandos no ofrecen dudas en pleno siglo XXI. Después de más de dos años desde que AUGC dio a conocer a los medios una situación de supuesto acoso laboral en los puestos de Arcos de la Frontera y Ubrique, los mandos iniciaron expedientes disciplinarios que han culminado con el destierro a otros puntos de España de cuatro guardias civiles y sus familias al ser destinados forzosos por la Dirección General, concretamente a Tarragona, Lleida y Madrid. Sin margen de poder solicitar destinos más favorables para los agentes y sus familias. La maquinaria de la Guardia Civil ha sido implacable.
Es una vergüenza y un despropósito que cuatro guardias civiles por decir la verdad en sede Judicial sufran con sus familias tan desproporcionada sanción que ningún juez ordinario consentiría de ninguna manera. AUGC viene denunciando el uso sistemático y desproporcionado del régimen disciplinario con el único objetivo de hacer valer la ley del ordeno y mando ante la sensatez y la mesura.
AUGC va a seguir defendiendo a estos y todos los compañeros que se vean en situaciones similares, y es por lo que solicitamos al Director General y al Ministro del Interior que revisen estos expedientes y sean revocados de forma inminente, asumiendo las responsabilidades que hubieren los instructores de los expedientes.
Los servicios Jurídicos de AUGC solicitarán vía Secretaría de Estado que intervenga en el procedimiento llegando incluso a instancias judiciales. Los guardias civiles no entendemos ni aceptamos seguir siendo ciudadanos de tercera que por nada suframos castigos tan duros cuando nuestro cometido es velar y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos.
