Si a primeros de año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció a dos guardias civiles de Lucena su derecho a trabajar como psicólogo y como perito, ahora ha dictado sendos autos judiciales en el mismo sentido respecto a dos agentes destinados en la localidad de Córdoba.
A uno de ellos, destinado en la Sección de Seguridad Penitenciaria, se le autoriza la compatibilidad de su actividad como empleado público con la actividad privada de Mecánico. Y al otro, destinado en el Núcleo de Servicios, se le permite ejercer como Psicólogo.
Para ello han sido asesorados y representados por el abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, y en ambos casos el Ministerio del Interior emitió informe negativo al respecto, Administración a la que el Tribunal ha impuesto el pago de las costas procesales.
AUGC ha comprobado que en los últimos años se ha incrementado considerablemente el número de guardias civiles que se ven obligados a compaginar su actividad pública con otro trabajo para poder completar sus retribuciones, como consecuencia de los continuos recortes y congelaciones salariales.
Resulta incomprensible que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil sigan oponiéndose sistemáticamente a este tipo de solicitudes, cuando son múltiples los dictámenes judiciales emitidos durante los últimos años autorizando a guardias civiles la compatibilidad de distintas actividades privadas (abogado, administrador de fincas, transportista, árbitro, monitor, informático, entrenador, taxista, etcétera).
