Como ya se publicó, en agosto de 2012 se inició expediente disciplinario a Alfonso Carrasco, ex secretario general de AUGC en Córdoba y actualmente en situación de reserva, por haber estado presente en la rueda de prensa de CCOO y UGT sobre la huelga general del día 29 de marzo.
Durante varios meses se ha estado instruyendo dicho procedimiento y ahora el jefe de la Guardia Civil en Andalucía, General Laurentino Ceña, ha dictado resolución imponiéndole una sanción disciplinaria de pérdida de diez días de haberes (la más alta de las muchas impuestas durante los últimos meses a representantes de AUGC) por la comisión de una falta grave bajo el concepto genérico de “la infracción de cualquier deber u obligación legalmente establecida que resulte inherente al cargo o a la función, cuando se produzca de forma grave o manifiesta”.
En la resolución se reconoce que Carrasco “no llegó a tomar la palabra o hacer comunicado alguno”, a pesar de lo cual se le sanciona porque en opinión del General “resulta evidente que la asociación representada por el encartado secundaba las declaraciones allí efectuadas”, así como que “resulta claro que el encartado en situación administrativa de reserva sin ocupar destino carece de funciones militares o policiales en cuyo cumplimiento pudiera comprometer su neutralidad, pero no es menos cierto que su sola presencia comprometía la exigible neutralidad al decantarse por unas tesis evidentemente contrarias al Gobierno y favorables a una huelga general contra el mismo”.
Resulta incomprensible e injustificable que a la hora de resolver el General no haya tenido en cuenta las contundentes declaraciones testificales prestadas por los representantes sindicales (Rafael Rodríguez, de CCOO; Antonio Fernández, de UGT; y Antonio Albalá, del SUP), los cuales confirmaron sin género de duda que Alfonso Carrasco no convocó ni participó de ningún modo en la rueda de prensa, limitándose a transmitirles en nombre de AUGC la petición de respeto y comprensión hacia los guardias civiles que deberían realizar su labor el día de la huelga general.
En los próximos días el sancionado, con el asesoramiento de los servicios jurídicos de AUGC, interpondrá recurso de alzada contra el dictamen del jefe autonómico ante el Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, apoyándose entre otros argumentos en la vulneración del artículo 24 de la Constitución Española (presunción de inocencia) en relación con el artículo 25 (principio de legalidad).
Esta “voracidad sancionadora” contra representantes de AUGC permitida y amparada por el PP desde que llegó al Gobierno hace un año ha obligado a esta asociación profesional a retroceder varios años, volviendo a recurrir a guardias civiles retirados y familiares para que la voz de este colectivo pueda seguir oyéndose sin que sus legítimos representantes sufran continuas represalias
