Duro golpe para la seguridad ciudadana en la provincia de Huelva, que ha perdido nada menos que 45 guardias civiles en el último año. Es el triste balance resultante de la diferencia entre los agentes que han llegado a sus nuevos destinos en la provincia (sesenta) y los que se han marchado (un centenar). A esto se le añade que se ha producido un movimiento interno de unos efectivos que han pasado de unas unidades a otras dentro de la Comandancia, algunos de ellos procedentes de seguridad ciudadana con destino a especialidades.
La consecuencia de ello es que la plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Huelva, que ya era deficitaria antes de estos movimientos, es hoy aún más corta, con la consiguiente merma del servicio que se presta al ciudadano.
La situación es incluso más grave en determinadas unidades que han sufrido recortes en el número de efectivos, como ha ocurrido en el Puesto de Almonte, donde se marchan once guardias civiles y se incorpora solo uno.
A pesar de los destinos publicados siguen existiendo muchas vacantes sin cubrir en la provincia, más de cien, pero incluso aunque se cubrieran todas ellas, sería necesario incrementar aún más el catálogo de esta provincia, como de hecho ha reconocido la propia Jefatura de la Guardia Civil en Huelva.
Evidentemente, ese déficit de plantilla redunda inevitablemente en un peor servicio a la población y afecta a la seguridad ciudadana. A pesar de los esfuerzos, de los guardias civiles para intentar paliar las carencias de personal con su profesionalidad y compromiso, lo cierto es que los datos estadísticos demuestran que cuanto menores son las plantillas policiales mayores son los índices de criminalidad.
Debe tenerse en cuenta que algunas unidades apenas pueden sacar patrullas a la calle o abrir las dependencias para atender a la ciudadanía.
Esta falta de efectivos se está intentando solventar poniendo en riesgo la integridad de los propios agentes. El ejemplo lo tenemos días pasados, durante el robo producido en los establecimientos de El Rompido, cuando solo una patrulla cubría los Puesto de Lepe, Cartaya y El Rompido y además la pareja estaba formada por un guardia civil de Lepe y otro de El Rompido. Es evidente que, ante cualquier incidencia que ocurra, es imposible acudir a una llamada de emergencia, porque no hay más efectivos en la zona.
Además, se está poniendo en riesgo la seguridad de los agentes que se tienen que trasladar en solitario desde una localidad a otra, a las 22 horas o a las 5,30 horas de la madrugada, con el consiguiente peligro de agresión, accidente, etcétera.
A la vista de que no llegan ni van a llegar los recursos humanos necesarios, la única solución posible es la que AUGC lleva mucho tiempo reclamando incluso en el Congreso de los Diputados, la reorganización territorial y funcional de las unidades de la Guardia Civil, así como la configuración de un nuevo modelo policial.
