La Junta Directiva de La Rioja estuvo acompañada por el Secretario Nacional de Finanzas y miembro de la Junta Directiva Nacional, Juan Antonio Garcia Momblona. Se dio un repaso a la situación general de los guardias civiles en La Rioja, así como a la gestión organizativa y financiera de esta delegación, la cual fue avalada por la mayoría de asistentes.
Pero el plato fuerte se centró en la recién creada norma que regula la Jornada Laboral en la Guardia Civil. Existe un malestar tremendo a pesar de ser uno de los, a priori, mayores avances conseguidos por las asociaciones profesionales, especialmente por AUGC (colectivo que supera los 30.000 afiliados y con mayoría en el Consejo de la Guardia Civil). En cuestión de días de aplicación es una de las mayores decepciones profesionales imaginables.
Todo ello debido a las interpretaciones que se hacen de la norma unilateralmente, rompiendo el consenso con el que se tramitó en dicho Consejo de la Guardia Civil. Normas que, sin ir más lejos, en el Cuerpo Nacional de Policía no suponen ningún problema, pero que por la cerrazón de la cúpula militarista impiden la modernización plena de las condiciones laborales de los guardias civiles. Este conflicto va a generar un enfrentamiento total entre las bases de la Guardia Civil y la Dirección General que puede acarrear graves consecuencias e inmediatas movilizaciones de guardias civiles, que desde luego pueden suponer un perjuicio para los ciudadanos.
Los guardias civiles están hartos de que se les ningunee constantemente y sean siempre los últimos de la fila en el ámbito policial de este país. Otro agravio innecesario es la reciente Orden Ministerial por la que se concede equivalencia de Máster y Grado a los inspectores y subinspectores de la Policía, dejando de momento de lado a los guardias civiles.
Se trata de un suma y sigue de despropósitos que no hacen más que encrespar lo que debería ser una relación de trabajo y consenso entre la Dirección General y las asociaciones profesionales.
AUGC está dispuesta, una vez más, a movilizar a miles de guardias civiles por la consolidación de derechos profesionales si esta norma no mejora y si por parte del Ministerio del Interior no se aborda de una vez por todas la reforma estructural y dotacional que necesita la Benemérita, así como facilitar los medios materiales y humanos para el desarrollo de una seguridad ciudadana del siglo XXI.