El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 4 de julio de 2019, da un fuerte tirón de orejas a la Guardia Civil, y lo hace por segunda vez por el mismo asunto, condenando en costas a la Administración.
Una vez más, los hechos demuestran la arrogancia de nuestros generales, a los que poco importa vulnerar los derechos de los Guardias Civiles y perjudicar a sus familias.
En este caso, el compañero afectado ha vivido un verdadero calvario de recursos y demandas que, por fin, de la mano de los servicios jurídicos de AUGC, han llegado a buen puerto.
Toda esta odisea del compañero se inició el 14 de octubre de 2015, cuando, tras ser declarado apto con limitaciones, el Director General de la Guardia Civil , a instancias del coronel Arranz, responsable de la comandancia de Las Palmas, acordó la pérdida de su especialidad y destino, con las consecuencias graves económicas que ello conlleva.
Tras los oportunos recursos, el procedimiento fue resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ordenó la retroacción de actuaciones para que la Dirección General de la Guardia Civil motivase suficientemente la decisión, teniendo en cuenta que existen guardias civiles en la misma especialidad y con las mismas limitaciones que el recurrente que no fueron nunca cesados en el destino ni perdieron su especialidad y, por ello, ese trato desigual debería de estar justificado para evitar la arbitrariedad.
Sin embargo, el compañero se vio inmerso en la misma situación cuando, en abril de 2018, se vuelve a dictar una resolución con los mismos perjuicios que la anterior y que, una vez más carecía de la motivación suficiente que le había requerido el tribunal de justicia.
Ahora, desde AUGC nos preguntamos qué consecuencias tendrá ésta sentencia para los responsables pues, no podemos olvidar, que ha sido este mismo Director General quien, tras su llegada, modificó el criterio para el abono de la productividad de final de año, argumentando que debía ser repartida según la responsabilidad.
Pues bien, ahora, esperemos que exija esa responsabilidad (la misma que cobran) a quienes han jugado con nuestro compañero y su familia en dos ocasiones y que han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades incluso cuando fueron requeridos para ello por el TSJ, originando que sean los ciudadanos quienes deban pagar las consecuencias al ser condenada en costas la administración.
Este caso, es un ejemplo de la falta de concienciación que tienen los generales de la Guardia Civil con aquellos compañeros que, por lesión o enfermedad, tienen algún tipo de incapacidad, no pudiendo olvidar que, esa falta de sensibilidad fue la que originó la anulación del Real Decreto de Destinos.
