Una vez más, la desproporcionada e injustificada aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles ha supuesto el calvario de una prolongada condena en un penal militar a un trabajador del Cuerpo.
Óscar Francisco Arias, un guardia civil con 22 años de profesión, ha cumplido una pena de siete meses de cárcel en el penal de Alcalá Meco por una simple discrepancia relacionada con el uso de una zona común en el pabellón donde reside, en el cuartel lucense de Castro de Rey.
De esta manera, en aplicación del Código Penal Militar, por lo que el juez togado consideró dos delitos de injurias a sus superiores, este agente ingresaba el pasado 26 de septiembre en prisión, castigado a dos condenas de cuatro meses cada una. Finalmente, el 28 de abril salía del penal al serle concedida la libertad condicional.
Los hechos por los que este trabajador ha sido condenado no excedieron de una discusión fruto de un desacuerdo, negando este guardia civil que en ningún momento profiriera insulto alguno. Hoy, tras la pesadilla vivida Óscar Francisco no puede sino calificar de “grotesca y ridícula” la situación que ha vivido, que atribuye a la animadversión de un mando hacia su persona.
AUGC ha expresado reiteradamente su rechazo ante la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales, una normativa que supone que trabajadores honrados con años de servicio intachable deban ingresar en prisión como vulgares delincuentes, condenados por haber mantenido una simple discusión en su trabajo.
La remilitarización de la Guardia Civil consumada en solitario por el anterior Gobierno del Partido Popular, y que hoy cuenta con el rechazo del resto del arco parlamentario, supone para los guardias civiles un retroceso en derechos y una consolidación de su condición de ciudadanos de segunda.
