El jueves día 18 de julio de 2019, en la sede del Partido Popular de Navarra (PP), en la localidad de Pamplona (Navarra), el Secretario General de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Navarra José Manuel Hernández López y el Secretario de Organización José Manuel Miguez Gallego, se reunieron con la presidenta del Partido Popular (PP) Ana María Beltrán Villalba y la senadora del Partido Popular (PP) por Navarra, Amelia Salanueva Murguialday; también estuvieron invitados otras asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Comenzó la reunión a las 11.30 horas, se hicieron las correspondientes presentaciones y saludos, en ambiente cordial, donde habíamos sido invitado por el partido político para hacernos entrega del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos (publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 62, de 1 de abril de 2019 y en el BOE número 91 de 16 de abril de 2019.
La Ley equipara víctimas con verdugos, supone un insulto y una infamia al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y una ofensa hacia todas las víctimas.
En Navarra no existió un conflicto ni una guerra, sino unos asesinos y unos asesinados.
En la Comunidad Foral todavía existe un extendido clima de odio hacia los Guardias Civiles y Policías Nacionales que impide la normalización de la vida de los agentes de ambos cuerpos y familias.
La única forma constitucional de determinar la vulneración de derechos humanos, en un contexto de violencia de motivación política, es a través de una resolución judicial que reconozca los hechos ilícitos y que no vulnere las garantías constitucionales delderecho a la tutela efectiva y el derecho al honor.
El recurso presentado considera que la Ley vulnera por una parte, la reserva constitucional de la función jurisdiccional que corresponde al Poder Judicial, así como, el principio de Estado de Derecho y del sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
En este sentido, los populares consideran que la Ley acusa al Estado de Derecho de que existen víctimas que no han sido ni reconocidas, ni reparadas, lo que justifica, según dicha ley, que una Comisión dirigida por el Gobierno Navarro, se convierta en una Comisión especial de la verdad, que reconozca y repare las vulneraciones de derechos humanos que se hubieran producido en un contexto de motivación política.
El Partido Popular reconoce que el trabajo jurídico de asociaciones y sindicatos ha servido de base para su recurso contra la Ley de víctimas de abusos policiales.
AUGC, junto con otras organizaciones profesionales, sindicatos y asociaciones de víctimas del terrorismo, conformaron en octubre de 2018 una plataforma contra la llamada ley de abusos policiales “En unión por la Memoria”, desde la cual, las diferentes organizaciones que la conforman, han presentado diversos recursos legales ante los tribunales, además de la petición al Defensor del Pueblo, al Congreso y al Senado de formulación de un recurso de inconstitucionalidad, además de realizado distintas concentraciones para denunciar lo que considera un intento de blanqueo de la violencia y el terrorismo en el País Vasco y Navarra para presentar a los verdugos como víctimas. Ahora el PP recoge ese trabajo jurídico y admite que ha servido de base para su recurso.
