El Ministerio del Interior está anunciando cifras “récord” del número de agentes en diferentes demarcaciones del territorio. Lo cierto es que en los últimos cuatro años, el departamento de Marlaska ha reducido el déficit de Guardias Civiles que dejó el Gobierno del Partido Popular, pero las incorporaciones han sido mayores en la Policía Nacional. También hemos visto la discriminación de Interior hacia la Guardia Civil en la oferta de empleo público. Hubo 820 plazas menos que para la Policía y desde 2015 no se convocaban tan pocas plazas de ingreso directo para la Escala de Cabos y Guardias.
Atendiendo a esta serie de precedentes y a la situación que se vive en las dependencias oficiales de España, las estadísticas del Ministerio no son tan “récord”. Menos si contabilizan al personal que deja de prestar servicio o a los alumnos en prácticas. Un reflejo de ello se puede encontrar en la denominada ‘España vaciada’. Allí, al igual que en el resto del territorio, el refuerzo en la plantilla de la Guardia Civil no es suficiente, los agentes no tienen cubiertas las necesidades para el desempeño laboral diario y Seguridad Ciudadana está sufriendo un desmantelamiento. La falta de personal afecta a la seguridad pública y tanto el Ministerio del Interior como la Dirección General de la Guardia Civil han de atender realmente a las demandas.
La adaptación y dotación de recursos es otro de los retos pendientes. La calle está en continua evolución, surgen nuevos métodos de delincuencia, aparecen nuevas tecnologías, y todo ello requiere de modificaciones orgánicas que tienen que ser implantadas en el territorio junto al modelo policial que hay en el Cuerpo. Para denunciar toda esta gran problemática hemos convocado hoy en Valladolid a los medios de comunicación para que el público conozca la realidad.
Seguridad ciudadana, desmantelada progresivamente
A las carencias que afectan notablemente a los Guardias Civiles que prestan servicio en Seguridad Ciudadana hay que añadir la creación de Unidades fantasma. No figuran en el Catálogo de Puestos de Trabajo y detraen a estos agentes para nutrir a equipos Roca o Viogen, entre otros. Los efectivos que permanecen en Seguridad Ciudadana soportan mayor estrés y riesgo psicosocial debido a la cantidad de trabajo, la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar y por una baja calidad de vida. Los ciudadanos de Castilla y León y del resto de España también se ven afectados por tales circunstancias, que se traduce en una deficitaria atención.
Reestructuración operativa y nuevo despliegue territorial
Reducir los tiempos de reacción ante una emergencia y con un mayor potencial de servicio debería ser primordial. Para ello, reclamamos una reestructuración operativa y un nuevo despliegue territorial que no implique el cierre de cuarteles y aglutine al personal en núcleos operativos.
Actualmente, en Valladolid existen 24 Unidades de las cuales cuatro tienen servicio las 24 horas. El resto permanecen cerradas en alguno de los turnos. Es algo que resulta todavía más llamativo en comparación con los demás servicios de emergencias, por ejemplo. Para atender las emergencias sanitarias, las ambulancias disponen de un despliegue de nueve bases operando 24 horas todos los días del año. La Guardia Civil tan solo tiene cuatro. A esto se añade que en Castilla y León el 63% de los cuarteles disponen de un número de 10 o menos agentes aunque el 92% del catálogo de la plantilla está cubierto, 6.600 Guardias Civiles. Es necesario un aumento de 2.500 más para que los cuarteles dispongan de un mínimo de 45 efectivos operativos.
Por otro lado, la Guardia Civil tiene que incentivar el reingreso del personal en reserva sin destino al servicio activo. Así se mostraría proximidad a los ciudadanos mientras se cumple la cláusula tercera del acuerdo de equiparación salarial. Hay que tener en cuenta que los Guardias Civiles atrasan el momento de su pase a la situación de reserva sin destino y esto tiene un impacto en el envejecimiento de la plantilla.
Menos derechos y peores condiciones socio laborales
Los avances que tienen que llegar a la Guardia Civil no pueden demorarse durante más tiempo. Somos policías con menos derechos y peores condiciones socio laborales, por lo que la modernización no sólo debe abarcar al despliegue territorial.
Continuamos sin turnos de trabajo con cadencias fijas, sin el ejercicio del derecho de sindicación, hay falta de equidad en la asignación de complementos salariales (productividad).
Una segunda generación de derechos espera a los Guardias Civiles para poner fin a las deficiencias del modelo policial actual y se acabe con las desigualdades entre funcionarios policiales que realizan las mismas funciones.
