La sentencia lograda por la Asociación Unificada de Guardias Civiles el pasado 27 de septiembre de 2022 no dejó lugar a dudas: El Alto Tribunal consideró que la Dirección General de la Guardia Civil reguló de forma inadecuada el contenido de la Orden Comunicada de 29 de junio de 2018 al imposibilitar la debida intervención del Consejo en materias que afectaban a la regulación de la jornada del personal, sus horarios, retribuciones y al derecho de conciliación. Para la aplicación legal de los reconocimientos obtenidos, el Supremo ordenó la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial de la Guardia Civil. Desde ese momento causaría efectos legales.
La Institución convocó a las Asociaciones Representativas a diferentes Grupos de Trabajo para modificar los artículos de la citada Orden interna anulados por la Justicia. Dichos Grupos no estaban previstos en el calendario, pero la Dirección los añadió dado el contenido de la sentencia y la necesidad de regular la normativa, dotándola de un rango superior a la invalidada. Esto refleja que el Organismo era plenamente consciente de resolución del Alto Tribunal. Sin embargo, continuó demorando su publicación en el Boletín Oficial de la Guardia Civil.
Desde la Dirección General de la Guardia Civil alegaban que no habían recibido la sentencia “oficialmente”, pero tampoco actuaron para obtenerla de modo oficial. De este modo, el atraso de la publicación en el BOGC ha supuesto un perjuicio para los trabajadores en tanto que era necesario para que el fallo causara efectos legales. Durante este tiempo, además, en vez de cumplir con lo requerido por el Supremo, la Institución modificó y publicó la norma para dejar sin efecto legal los beneficios obtenidos mediante sentencia firme. Una vez se incluya en el BOGC la resolución del Alto Tribunal, ya no tendrá efecto.
Solicitamos la intervención del Defensor del Pueblo y estudiamos iniciativas legales
A juicio de AUGC, la Administración ha actuado con mala fe, incumpliendo con la legalidad para mantener así una norma perjudicial para los Guardias Civiles. Eran conocedores de la sentencia y el Secretario Jurídico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles remitió un escrito a la DGGC instando a la publicación de la resolución, documento en el que constaba un enlace al fallo ya disponible en el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Por todo ello hemos requerido al Defensor del Pueblo que intervenga ante esta nueva trampa de la Institución.
Los servicios jurídicos de la Asociación están estudiando iniciativas legales, administrativas o penales, contra los responsables de la administración en la Guardia Civil debido al atraso de la publicación de la sentencia. Es un hecho que ha impedido a los agentes ejercer los derechos obtenidos en los Tribunales el 27 de septiembre de 2022. Casualmente, el fallo no se recepcionó en la Dirección General hasta el 15 de diciembre, mismo día que se celebró el Pleno del Consejo por el que pasó la normativa que anuló los efectos de la sentencia.
