Somos conscientes del momento de cambio social y político que estamos viviendo, nos sentimos inmersos en el inicio de un nuevo ciclo político, donde depende de todos cómo serán las nuevas formas de interrelación entre las instituciones y esto deberá de entenderlo el nuevo inquilino de Guzmán el Bueno. Pero seguimos en las mismas, los obstáculos con tintes de fraude de ley, con formas de prestidigitadores más escorados a tahúres, definen las respuestas a las distintas propuestas elevadas por nuestros representantes asociativos ante el Consejo de la Guardia Civil.
Hemos denunciado por activa y por pasiva la actitud del Gobierno anterior y en funciones, así como del partido que lo sustenta, con respecto a la gestión de los recursos en la Guardia Civil. En esta ocasión queremos incidir acerca de la falta absoluta de transparencia pública en la gestión del mando de operaciones y del servicio de PRL militar e incardinado a las jerarquías y disciplinas castrenses, obviando los riesgos que afectan al personal del Cuerpo.
Remarcamos transparencia, porque entendemos por transparencia de las administraciones públicas la obligación de estas de publicar toda la información, registrada, archivada, de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las autoridades públicas [Definición de información recogida en el Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Públicos, hoy por hoy el único tratado internacional vinculante en materia de acceso a la información]. Se trata de decir lo que hacen, quién lo hace, por qué lo hacen, cómo lo hacen y cuánto nos cuesta. El caso es que la transparencia no depende tanto de las leyes que la imponen como del ánimo de las autoridades de ser transparente. Es una cuestión de voluntad de forma que se puede ser muy transparente sin ley de transparencia y muy opaco con ley de transparencia y este el caso de los próceres de la DIGEGUCI, que tienen la voluntad y el ánimo muy despistado en esta cuestión y en la siguiente.
Incardinada en la anterior, que al fin es el asunto troncal, los riesgos laborales, pues para dinamitar y limitar las propuestas de los estudios de uniformidad y protección de los especialistas del SEPRONA llevados a cabo por AUGC, se solicitó el informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil (SPRLGC) y vienen a decir que no resulta procedente proporcionar el acceso a los diferentes informes solicitados. Ahí es nada, derrochando empatía, por los RRLL de los subordinados, parece que ahora no se acuerdan tampoco de algún que otro artículo de las RROOFFAA,s
Volvemos al principio, para la DIGEGUCI la prevención de riesgos laborales la “gestionan” como una obligación y no como un compromiso, en la misma línea e igual voluntad y ánimo que la transparencia. Ante lo cual, entendemos que con estos modos y maneras se obstaculiza la finalidad del Consejo de la Guardia Civil, en una de las funciones principales de este órgano que es la de analizar y valorar las propuestas y sugerencias planteadas por todos los componentes del Cuerpo. No garantizando la legitimidad del proceso, siendo exigible la aplicación de la Ley19/2013, de 9 de diciembre, de la transparencia, acceso a la información pública y del buen gobierno, cuyo incumplimiento podrá implicar la exigencia de responsabilidades judiciales a quienes nieguen el acceso a la información de aquellos expedientes.
Constatando la actitud indolente de los que por ley tienen la responsabilidad que estamos denunciando AUGC exigimos una gestión pública y transparente de los recursos, al tiempo que pone en conocimiento de la sociedad otro oscuro episodio de un cuerpo policial muy peculiar, la Guardia Civil, que han convierte en un Estado dentro del Estado, tan peculiar como les interese ser.
Al final todo se resume a una cuestión de status: sus privilegios a costa de nuestros sacrificios. La prevención frente a los RRLL, tiene un coste que no quieren asumir, tanto por lo pecuniario como lo organizativo y la transparencia choca ante la disciplina y el mando.
