A diario cientos de guardias civiles deben enfrentarse a situaciones de peligro y riesgo, por el mero hecho de tener que realizar custodias de presos y detenidos en las urgencias de centros hospitalarios, en muchas ocasiones sin medios ni espacios adecuados, y en condiciones pésimas de seguridad para ellos y para los ciudadanos y profesionales que les rodean.
La competencia para la conducción interurbana de presos y detenidos corresponde a la Guardia Civil, pero no así la custodia de los mismos en demarcaciones de Policía Nacional, donde este cuerpo debería hacerse cargo de la misma, al disponer de medios, personal y, lo que es más obvio, garantías de poder reforzar y garantizar el orden público, al estar esos hospitales en su demarcación de trabajo.
La Guardia Civil debe realizar el servicio de conducción, trabajo para el cual está especializada, y debe disponer de los medios adecuados, pero la custodia de los presos o detenidos en los servicios de urgencias, o en otras dependencias donde no tienen competencias de seguridad pública, provoca situaciones como que un solo guardia civil deba presentar a presos ante jueces, o lo que es peor, un solo agente de noche, en pleno nivel 4 de alerta antiterrorista, conduciendo furgones de conducciones, todo ello debido a la falta de personal que acucia a la Guardia Civil.
Los guardias civiles que prestan servicio de custodia en las urgencias de hospitales fuera de su demarcación no pueden garantizar la seguridad propia ni de la ciudadanía, al carecer de los apoyos necesarios en caso de fuga o intento de la misma, como ha quedado demostrado en los ataques y fugas que han tenido lugar en diversos hospitales de España, el último de ellos en Madrid, llegando a ser agredidos los agentes con dos extintores, sin posibilidad de apoyo al no ser su demarcación y carecer el servicio de urgencias de la debida zona custodiada por Policía Nacional, al ser su demarcación.
Otra cuestión preocupante son los traslados de presos o detenidos en ambulancias, con el riesgo que conlleva para los guardias civiles, respecto a agresiones o posibles contagios de enfermedades de todo tipo, e incluso a sus familiares al volver a casa. No se puede obligar al agente a prestar servicio en el interior de la ambulancia, al carecer de la correspondiente evaluación de riesgos laborales, y además es una enorme amenaza para la integridad del guardia civil en caso de agresión, ya que iría solo un agente en la misma.
Durante los años 2017 y 2018 se han producido numerosos casos en que los presos no han podido recibir asistencia médica especializada por encontrarse los agentes de la Guardia Civil, responsables de su traslado, realizando servicios de custodia en servicios de urgencias que no son de su demarcación.
Es momento de que se avance en la coordinación entre cuerpos policiales, que sea real y efectiva, y que los agentes presten servicio según sus cometidos y su demarcación, sin olvidar que uno y otro cuerpo deben complementarse y colaborar permanentemente en aras de la seguridad del ciudadano y un mejor servicio al mismo, permitiendo a la Guardia Civil realizar su cometido propio del traslado interurbano de presos y detenidos, y que la Policía Nacional realice la custodia, que le encomienda la ley, en sus demarcaciones territoriales y servicios de urgencia de los hospitales de las mismas.
