AUGC ha conocido que el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios se prorrogará cuando finalice el próximo 31 de mayo, en principio durante siete meses hasta el 31 de diciembre, pero seguramente más allá de ese plazo, porque “hasta la fecha no se ha valorado la continuidad o extinción de dicho contrato”, según Interior.
Así, el Gobierno contraviene sus propios posicionamientos en esta materia, porque desde que se inició el proceso privatizador en 2013 el PSOE ha venido pronunciándose pública y reiteradamente en contra. De hecho, en febrero del año pasado el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso, a propuesta de AUGC, una Proposición No de Ley para “instar al Gobierno a no renovar el contrato del servicio de apoyo por empresas privadas a la seguridad en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior”.
Sin embargo, ahora el Ejecutivo se contradice a sí mismo y prorroga el contrato dilapidando 21 millones de euros que se sumarán a los 60 millones gastados en el periodo anual que finaliza en mayo de este año, y totalizando más de 210 millones desde que se inició esta privatización de servicios públicos. AUGC reclama al gobierno que sea consecuente con sus postulados y no prorrogue el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios.
En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso hace unas semanas, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, dijo que la intención del gobierno es ir rescindiendo poco a poco el contrato a medida que se vayan reponiendo efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional para cubrir esas funciones. Pero se trata de un burdo pretexto que además denota su profundo desconocimiento de la situación real, porque la contratación de vigilantes privados no ha conllevado la reducción de las plantillas de los cuerpos estatales encargadas de la seguridad exterior en los centros penitenciarios, sino que están desempeñando cometidos duplicados e innecesarios.
Lo cierto es que ese ingente derroche de dinero público tiene como única finalidad crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son los grandes beneficiarios de tan suculentos contratos, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con las enormes cuantías que está desembolsando la Administración Pública.
De hecho, la seguridad privada ya supera en número de efectivos al cuerpo policial con mayor plantilla, la Guardia Civil, dato sumamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que mientras el sector privado crece considerablemente, las FCSE sin embargo van mermando, como ocurre con la Guardia Civil, cuyos 82.692 efectivos de 2011 han ido disminuyendo hasta los 76.806 en 2018, según datos facilitados por el propio gobierno, y en la misma situación se encuentra la Policía Nacional.
No en vano, como ha reconocido la propia patronal, un considerable porcentaje de la facturación del sector de la seguridad privada procede de contratos con la Administración Pública, y sus previsiones son aún mejores tras la aprobación en 2014 de la nueva Ley de Seguridad Privada, que multiplicó las posibilidades de negocio para dichas empresas a costa del erario público.
Y ello a pesar de las experiencias negativas en otros países, como Estados Unidos, donde se comprobó que la seguridad penitenciaria privada es más insegura, costosa y problemática que la pública. Y en nuestro país también tenemos ejemplos, como lo sucedido en el aeropuerto de El Prat-Barcelona, donde se echó mano de los guardias civiles para paliar los efectos del conflicto laboral planteado por los vigilantes privados. Cuando competencias relevantes de la seguridad pública se dejan en manos privadas las consecuencias son imprevisibles, ya que el Estado pierde el control efectivo sobre las mismas, y pueden verse afectadas cuestiones fundamentales como la libre circulación de las personas, sectores económicos relevantes, y en definitiva la seguridad pública en toda su extensión.
