La Asociación Unificada de Guardias Civiles elevó una queja formal al Parlamento Europeo, el pasado mes de Diciembre, ante la inacción del Ministerio de Interior para la defensa de los derechos humanos de los presos, penados y detenidos, así como de los derechos laborales de los Guardias Civiles, y el continuo incumplimiento de la jerarquía normativa Española, a través de la Instrucción 08/09 de la Secretaría de Estado, que regula las conducciones y custodia de los reclusos de centros penitenciarios y la nula coordinación ejercida desde ese Departamento con la Policía Nacional.
Nuevamente AUGC recurre a Europa para ser escuchada, frente a las continuas vulneraciones de Derechos Humanos reconocidos en los Tratados de la Unión, tales como el derecho a la salud, la integridad y la vida de los internos, así como a los Derechos Profesionales de los Guardias Civiles, llevada a cabo por el Ministerio de Interior, la Secretaria de Estado de Seguridad y el Gabinete de Coordinación y Estudios dependiente de éste órgano.
A lo largo del todo el año 2019, y lo que llevamos de 2020, AUGC ha comunicado a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Ministerio del Interior y al Defensor del pueblo esta problemática, mediante escritos, peticiones de reunión, solicitudes directas al Sr. Marlaska, sin haber obtenido respuesta por parte del Gobierno, aunque estamos pendientes de que el Defensor del Pueblo emita su resolución en las próximas semanas.
Mientras los Guardias Civiles siguen sometidos a numerosos Riesgos Laborales, custodiando internos y detenidos en las salas de urgencias de los hospitales públicos en demarcación de Policía Nacional, y también en dos sedes Judiciales de Madrid (donde recientemente fueron agredidos por un detenido que se dio a la fuga), el Ministerio de Interior obvia esta problemática e incumple la normativa, pero también se niega a contestar al Defensor del Pueblo, teniendo que ser requerido hasta en 3 ocasiones por su falta de colaboración, tardando 5 meses en dar respuesta al requerimiento de información.
Nos sorprende nuevamente que, ante las numerosas declaraciones del Ministro del Interior, donde manifiesta que su prioridad son los Derechos Humanos y la Defensa de los Guardias Civiles y Policías Nacionales, tengamos que recurrir a Europa para que efectúe una llamada de atención al Gobierno de España por vulnerar todo tipo de Derechos Sociales, Humanos, Sanitarios y normativos.
Pero lo más grave de todo esto es que, frente a un Gobierno que tiene como objetivo combatir la despoblación del mundo rural, el Ministerio del Interior ha trasvasado Guardias Civiles, que prestan sus servicios en poblaciones donde la seguridad ciudadana es competencia de la Guardia Civil, para incorporarlos a realizar labores de conducciones y custodia de presos en demarcación de Policía Nacional, así como para realizar la vigilancia de los Centros Penitenciarios que venía desempeñando seguridad privada, suponiendo una merma considerable de la plantilla de Guardias Civiles que prestan su servicio en la “España vaciada”, y un despilfarro económico sin precedentes a las arcas públicas, con el consiguiente esfuerzo que realiza la propia Guardia Civil en gestionar el problema que no ha generado.
Confiamos plenamente en Europa, ya que siempre nos ha dado la razón ante los problemas planteados, iniciando así un camino donde tocaremos todas las puertas necesarias en las instancias Europeas para defender a los Guardias Civiles, pero también instamos nuevamente al Ministerio del Interior a solucionar esta situación con urgencia, tendiendo totalmente la mano al nuevo Secretario de Estado de Seguridad para ayudarle a afrontar esta problemática, antes de que sea el propio Parlamento Europeo el que resuelva contra el Ministerio del Interior.
