AUGC lleva mucho tiempo avisando del preocupante déficit de recursos humanos que afecta a la Guardia Civil y que cada vez se agrava más. Y las Unidades y Servicios de Protección y Seguridad no son ajenas a este problema, de hecho así lo confirma el propio Gobierno en la respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de Podemos Juan Antonio Delgado.
Los datos facilitados por el Gobierno ponen de manifiesto que estas Unidades tienen un 18% de vacantes sin cubrir, porque hay 6.436 efectivos y deberían ser 7.885 según el catálogo, y por lo tanto son 1.449 las vacantes existentes. Las unidades más afectadas son los Núcleos de Servicios, cuyo déficit llega hasta el 20%, seguidas de las Secciones de Seguridad de los Centros Penitenciarios con un 19%, y la UPROSE de Madrid con el 15% de vacantes sin cubrir.
Por escalas es la de Guardias la que cuenta con más vacantes, 1.367 (19% del catálogo), llegando hasta el 21% en los Núcleos de Servicios y en las Secciones de Seguridad Penitenciaria. En Cabos la carencia es del 4%, en la escala de Suboficiales llega al 13% y en la de Oficiales al 10%.
Este déficit de personal afecta considerablemente a la operatividad de las unidades, hasta el punto de tener serias dificultades para cubrir los servicios mínimos, e incluso precisando algunas de ellas refuerzos externos. Además el problema se agrava porque es muy habitual nombrar a una parte de dichos efectivos comisiones de servicio en otras unidades ajenas a las funciones de protección y seguridad.
Todo ello da lugar a que no puedan realizarse algunos servicios, como determinadas conducciones de presos y custodias de detenidos, y otros servicios de vigilancia de edificios públicos, acuartelamientos o centros penitenciarios se realizan con menos personal del mínimo necesario para garantizar una seguridad efectiva. Pero además afecta también a los propios agentes, porque al estar las plantillas al mínimo se les deniegan descansos y permisos en las fechas solicitadas.
La situación es tan preocupante que incluso los servicios de prevención de la Guardia Civil han alertado al respecto, informando recientemente respecto a una provincia en la que “existen 22 vacantes bloqueadas, por lo que se considera necesaria la publicación y destino a las mismas con el objeto de paliar en gran medida los problemas existentes en la actualidad de falta de personal”
Este problema viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, algunas de las unidades llevan más de diez años sin recibir nuevos efectivos, y la situación se va agravando aún más a medida que se producen más vacantes por pases a retiro y cambios de destino.
Pero este no es sino un síntoma más de la nula relevancia que la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior dan a las unidades de Protección y Seguridad, a pesar de que asumen funciones tan relevantes como la vigilancia y seguridad de los centros penitenciarios, los traslados y conducciones de presos y detenidos, la protección y seguridad de personalidades, medios e instalaciones (acuartelamientos principales en las capitales de provincia, edificios de la Dirección General, Ministerios, Embajadas, Palacio Real, etc.).
Ello viene a sumarse a otras claras muestras del ninguneo a que son sometidos los guardias civiles destinados en dichas unidades desde hace muchos años, como es el hecho de que perciban las retribuciones más bajas de los cuerpos de seguridad estatales y por supuesto muy por debajo de los autonómicos, a lo cual debe añadirse que ni siquiera disponen de un manual de prevención de riesgos laborales específico, como sí lo tienen la mayoría de especialidades en la Guardia Civil. Así mismo la Dirección General ha decidido dejar fuera de la nueva Orden que regulará las especialidades a las unidades de Protección y Seguridad, a pesar de la firme y reiterada oposición de AUGC a dicha decisión.
