Según los datos de Interior obtenidos por la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la mayoría de las evasiones de presos durante los últimos catorce años se han producido cuando se les traslada de los centros penitenciarios a hospitales, juzgados y otros lugares, y además ese tipo de fugas se han incrementado considerablemente en los últimos años.
El número de intentos de evasión en los centros penitenciarios es similar al de tentativas en otros lugares externos, pero mientras que los primeros apenas prosperan porque la seguridad es la adecuada, sin embargo las fugas consumadas se producen casi todas en esas otras ubicaciones exteriores–hospitales, juzgados, durante los traslados– porque los medios y el personal son insuficientes, las instalaciones deficientes y los protocolos inadecuados.
En lo que respecta a los intentos de evasión registrados entre los años 2010 y 2023, el 41,8% se produjeron en los centros penitenciarios y el 58,2% tuvieron lugar fuera de los mismos, sobre todo en los hospitales y clínicas médicas, donde se registraron hasta el 31% de las tentativas totales, mientras que un 15% se llevaron a cabo en sedes judiciales y el 12% durante los traslados.
Muy distintos son los porcentajes en lo que se refiere a las evasiones consumadas, porque solo el 16,2% se produjeron en los centros penitenciarios, frente al 83,8% de fugas materializadas fuera de dichas instalaciones, mayoritariamente en los hospitales y clínicas con un contundente 46% del total, pero también durante los traslados con el 21,6% y en los juzgados con un 16,2%.
En cuanto a la evolución, los intentos de evasión en centros penitenciarios se han reducido nada menos que un 42% en 2023 respecto a 2021, mientras que las tentativas durante los traslados se han triplicado en 2022 y 2023 en comparación con 2021, y las producidas en hospitales han ido creciendo progresivamente hasta incrementarse un 125% en 2023 respecto a 2019. El número de fugas consumadas se ha mantenido más o menos estable durante los últimos años, si bien se incrementaron un 33% en 2023 respecto a 2019, lo cual se debe sobre todo al crecimiento de las evasiones producidas durante los traslados, que se han duplicado entre 2012 y 2023.
Y la situación no parece mejorar, porque en los seis primeros meses de 2024 ya se han producido varios episodios, como el que tuvo lugar el mes pasado en un hospital de Santander, donde familiares de un preso rociaron con gas pimienta a los guardias civiles cuando lo sacaban del vehículo policial, consiguiendo su huida. O a finales de mayo en Asturias cuando otro interno aprovechó la salida de una clínica privada de odontología para fugarse con apoyo de otras personas. Y en marzo un preso también escapó cuando esperaba a ser atendido en el hospital de Salamanca.
A esos casos se suman muchos otros, como el del año pasado en Ibiza cuando dos encapuchados abordaron el furgón de la Guardia Civil que trasladaba a un preso a una clínica dental, si bien no consiguieron que huyera. Y otro que se produjo a las puertas del Hospital Doce de Octubre en Madrid, donde un preso consiguió fugarse mientras sus compinches rociaban con extintores a los guardias civiles que le trasladaban.
Esas situaciones y muchas otras en años anteriores corroboran la necesidad de acometer urgentemente las medidas que AUGC lleva años reclamando y que evitarían la gran mayoría de las fugas que se producen en los centros hospitalarios, en las sedes judiciales y durante los traslados. Propuestas que ya han sido trasladadas por esta asociación profesional a Interior, a la dirección general de la Guardia Civil, al Defensor del Pueblo, a diputados y senadores de la mayoría de grupos parlamentarios e incluso a algunas comunidades autónomas.
Deben habilitarse en los hospitales y juzgados garajes, o al menos zonas seguras, con acceso directo y restringido para poder extraer con la suficiente seguridad a los presos de los vehículos policiales, con el fin de evitar los riesgos de fugas y agresiones que se producen cuando esos cometidos se llevan a cabo en plena calle, que es lo que está ocurriendo ahora en todas las provincias. Así como habilitar en los centros hospitalarios dependencias de custodia adecuadas y separadas del resto de pacientes y usuarios, no solo por seguridad sino también para respetar el derecho a la privacidad y dignidad de las personas internas en centros penitenciarios garantizado en la normativa reguladora.
Además, la secretaría general de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior deben adaptar los procedimientos para organizar las salidas a hospitales, clínicas y juzgados de modo que no tengan esa información personas que puedan prestar apoyo externo a los presos para fugarse, como ocurre desde hace muchos años y cada vez con más asiduidad.
Otra medida que AUGC viene reclamando reiteradamente es la renovación de la flota de vehículos celulares de la Guardia Civil, porque más de la mitad no reúnen las especificaciones técnicas mínimas y, entre otras deficiencias, carecen de cinturones de seguridad y de asientos para los presos, así como acumulan una media superior a los doce años de antigüedad y más de 200.000 kilómetros.
Del mismo modo, es necesario dotar a las unidades que realizan las conducciones de los medios específicos adecuados, como grilletes rígidos de seguridad, cinturones de anclaje, spray defensivo en formato gel, defensas extensibles de longitud reducida, escudos de dimensiones reducidas, chalecos antibalas de dotación individual y pistolas taser.
A ello se une que esos servicios de conducciones no se están realizando con el número de efectivos necesarios para garantizar adecuadamente la seguridad, tanto por la falta de personal en algunas unidades como porque se les están asignando cometidos que no les corresponden: seguridad ciudadana, instrucción de diligencias, eventos deportivos y otros similares.
La Comisión de SEPROSE de AUGC ha conseguido que la dirección general organice formación específica para los guardias civiles que prestan servicios de conducciones, para lo cual se ha elaborado un manual especializado y se ha habilitado a formadores, pero más de medio año después ni los jefes autonómicos ni los provinciales han mostrado el más mínimo interés en que se imparta dicha formación.
Por otro lado, el Gobierno y las comunidades autónomas están incumpliendo desde hace más de veinte años una Ley que dispone que se transfieran a las Comunidades Autónomas los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud, con el fin de mejorar la atención sanitaria que reciben los presos y reducir considerablemente el excesivo número de conducciones que se realizan actualmente, lo cual reduciría mucho las fugas, los riesgos de seguridad y las miles de consultas y pruebas médicas canceladas por falta de agentes para trasladarles.
Por último, AUGC lleva muchos años reclamando que Interior modifique y actualice el protocolo establecido en 2009 para la realización de las conducciones y custodias de internos de centros penitenciarios, al objeto de que las custodias en los centros hospitalarios y médicos sean asumidas por cada cuerpo policial dentro de su respectivo ámbito territorial, evitando así la grave problemática que se viene produciendo durante los últimos años, con miles de consultas y pruebas médicas canceladas, sobrecargas de trabajo y riesgos de seguridad.
