Una vez más, el Gobierno recorta derechos a los guardias civiles y ahora les ha tocado el turno a las indisposiciones (hasta 4 días al año) y a los cambios de residencia cuando se está de baja médica.
Mientras el resto de los funcionarios (incluida la Policía Nacional) podrá seguir haciendo uso de los días de indisposición, la Guardia Civil se niega a cambiar el texto del proyecto normativo que está en estudio, donde desaparecen los días de indisposición.
La justificación de esta medida resulta absurda pues indican que han observado un uso muy elevado de los días de indisposición. Sin embargo, con los datos que nos facilitan, el personal hace escasamente uso del 13% de los días de indisposición que se podrían coger a lo largo del año no estando por ello, ante un uso elevado.
La medida no solo no beneficia, sino que perjudica a la propia Administración. Así, actualmente un componente que se encuentre mal y no pueda entrar a trabajar de tarde, se acercará por urgencias y con el justificante de asistencia podrá ir a trabajar al día siguiente. Con el cambio normativo, y dado que es necesario un parte de baja desde el primer día, será necesario pedir cita con el médico de familia (con suerte nos dará cita al día siguiente o a los 2 días), de modo que, una indisposición de un día se convertirá en una baja de 2 ó 3 días de duración con el perjuicio que ello genera.
También han rechazado cambiar el texto que supondrá perder el complemento de País Vasco, Ceuta, Melilla y Canarias. De este modo, el personal que se encuentre de baja médica y necesite tener cuidados y se traslade a casa de su familia (en Guardia Civil es habitual compañeros residiendo lejos de su familia por los cambios de destino que conllevan cursos o ascensos), perderá dinero por el hecho de fijar la residencia temporal con los familiares.
Resulta vergonzoso el empeño por la administración de recortar derechos bajo la excusa de un falso absentismo, inflado con bajas que duran incluso 7 años por la incapacidad de la Guardia Civil de gestionarlas.
Un ejemplo de los abusos a los que nos vemos sometidos constantemente lo tenemos con otro de los artículos donde se pretende exigir a los trabajadores que informen del resultado de las declaraciones de grado de discapacidad que les otorguen las CCAA bajo el falso pretexto de ser necesario para poder evaluar su puesto de trabajo. Y decimos “falso pretexto” dado que, ni tan siquiera se evalúan los puestos de trabajo cuando los propios tribunales médicos establecen el grado de apto con limitaciones. ¿Qué van a evaluar los % de fuera si son incapaces de evaluar los % que ellos mismos dictaminan?
Una verdadera pena que no se destine el mismo tiempo, recursos y dinero para un servicio de prevención de riesgos laborales real que impida que se produzcan las bajas médicas.
Mientras acusan al personal que estar mucho tiempo de baja, en un porcentaje de las unidades de la Guardia Civil no han sido evaluados los riesgos laborales nunca y la falta de medios y protocolos produce todos los años y elevado número de bajas que después son usadas por el Gobierno (supuestamente de los trabajadores) para acusarnos de tener un absentismo muy alto.
AUGC hará todo lo que esté en su mano para que se produzcan los cambios en el texto que impida que sigamos siendo la cenicienta de la administración y recurriremos ante los tribunales una norma que consideramos absurda y perjudicial para los derechos de los agentes. Al mismo tiempo, adelantamos que votaremos en contra de la norma cuando, en el mes de junio, pase por el Consejo de la Guardia Civil.
