La Asociación Unificada de Guardias Civiles avisó hace un mes de la existencia de una propuesta para reorganizar el despliegue del Seprona en la provincia de Córdoba, que podría conllevar la supresión de algunas unidades para reagruparlas y ubicarlas en otras localidades, afectando a las patrullas de Baena, Rute, Montoro, Peñarroya, Villanueva de Córdoba y Hornachuelos.
Fundamentándose en la denuncia pública de AUGC, los diputados del Partido Popular Andrés Lorite y María de la O Redondo registraron una pregunta parlamentaria al Gobierno de España. Pedían que aclare si se estaba estudiando esa supresión de unidades y cuál sería el motivo para ello.
La falta de transparencia del Ejecutivo se alinea con la de la Guardia Civil en lo relativo a este asunto. Ambos mantienen la opacidad desde el principio. El Gobierno se limita a exponer que “el referido estudio se encuentra en fase de elaboración, por lo que no es posible concretar qué unidad o unidades de dicha especialidad pudieran ser afectadas tras la aplicación de la nueva normativa”. Por lo tanto, los Guardias Civiles afectados siguen sin tener información de ningún tipo, a pesar de que esa medida les afectaría a ellos y a sus familias.
En su contestación, el Gobierno añade que, con motivo de la entrada en vigor de una nueva norma reguladora de la especialidad, “desde la Dirección General de la Guardia Civil se está llevando a cabo un estudio de optimización y racionalización de los recursos humanos y materiales de los que actualmente está dotado el Seprona".
El objeto sería “incrementar su nivel de eficacia en la prestación del servicio” y que se “incorporarán nuevos medios materiales y más tecnológicos, todo ello en el contexto actual de renovación del material y de infraestructuras de la Guardia Civil”. Reconocen que “el estado era crítico en muchos casos debido al abandono que sufrieron entre 2012 y 2018” y que por todo ello, “no está prevista una reducción de las actuaciones del Seprona, sino todo lo contrario”.
Para AUGC es muy decepcionante la respuesta del Gobierno porque los Guardias Civiles del Seprona en la provincia de Córdoba y sus legítimos representantes deberían tener información sobre ese estudio y conocer cómo afectará a sus agentes y familias si se llega a materializar. Por mucho que el Ejecutivo lo niegue, lo cierto es que esa reorganización afectaría también al relevante servicio que presta el Seprona en la provincia de Córdoba.
Con la finalidad de que ese proyecto no se lleve a efecto, AUGC está intensificando su actividad institucional, en el seno de la cual se reunió con el diputado Andrés Lorite, cuyo Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción en el Senado y ha registrado una Proposición No de Ley instando al Gobierno a la paralización de la supresión de los equipos de la especialidad en la provincia de Córdoba. Además, esta asociación profesional mantendrá contacto con los alcaldes de las poblaciones afectadas, para informarles de lo que conllevaría la materialización de ese estudio.
