El Grupo Parlamentario Popular registró ayer en la Mesa del Congreso una propuesta de resolución que afecta a los Guardias Civiles. Hoy, durante la última sesión enmarcada en el debate sobre el estado de la Nación, será sometida a votación.
Según consta en el documento dirigido al Congreso de los Diputados y tal y como explicó posteriormente la Secretaria Nacional de Interior del PP, Ana Belén Vázquez Blanco, debe haber una mejora de las condiciones retributivas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Es imprescindible el apoyo, ya que son el garante de nuestra seguridad”, decía ayer. Para ello, la formación ha establecido por escrito que se dé “total” cumplimiento al acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 por el Ministerio del Interior y las Asociaciones Profesionales Representativas. Este punto es primordial y es una de las exigencias de AUGC. Si Marlaska no convoca una mesa de negociación con Guardias Civiles y Policías para tratar este asunto con carácter urgente, convocaremos movilizaciones.
Entre las medidas pactadas por los parlamentarios del Partido Popular, también instan al Ejecutivo a impulsar una “ley de retribuciones que acabe con las desigualdades salariales entre Policías”. De este modo, se daría una mejora de las condiciones económicas y evitaría las injustas diferencias discriminatorias que hay actualmente y ante las que estamos manifiestamente en contra.
Por otro lado, el Grupo Popular pide “más recursos materiales y personales” para proteger las fronteras terrestres y marítimas, haciendo especial referencia a Ceuta y Melilla. El trabajo que conlleva hacer frente a la inmigración irregular requiere de refuerzos, tal y como solicitamos desde Ceuta y llevamos pidiendo desde hace tiempo. Las necesidades que tienen los compañeros que prestan servicio en esos destinos quedaron a la vista en numerosas ocasiones. Hay que añadir las relaciones bilaterales entre los Gobiernos de España y Marruecos terminan repercutiendo sobre el desempeño de las funciones de los agentes en frontera. En la propuesta, firmada por Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, se referencia la revisión de los SIVES existentes y la instalación de “los que quedan pendientes en todo el territorio nacional”.
Cabe destacar que, a pesar de que la propuesta fuera aprobada, no tiene carácter vinculante alguno. El fin de estas iniciativas parlamentarias es orientar la acción política del Gobierno. Si salen adelante por mayoría simple se publicarán en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
