El sábado 29 de marzo, cuando dos guardias civiles del Puesto de Pozoblanco intentaban identificar a un hombre que había hecho un movimiento sospechoso al verles en la calle Doctor Cabrera de esa localidad, dicho individuo reaccionó agresivamente dando varios empujones a uno de los agentes y amenazándoles: “Me vais a comer la polla, yo hago lo que me salga de los cojones, os reviento y no me va a pasar nada … Te voy a matar”.
Hizo caer a uno de los guardias civiles, afiliado de AUGC, y cuando aún se encontraba en el suelo le propinó una fuerte patada en la cabeza, dejándolo noqueado, y se abalanzó sobre él dándole varios puñetazos en la cabeza mientras se encontraba inconsciente, hasta que el otro agente pudo quitarlo de encima de su compañero, momento en el que el agresor también lanzó patadas y puñetazos al segundo guardia civil, que cayó al suelo y donde el individuo igualmente trató de patearle, sin conseguirlo.
Acto seguido huyó del lugar, hasta que fue detenido unos días después y puesto a disposición de la Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco, la cual decidió dejarlo en libertad con prohibición de acercarse a menos de 300 metros de los dos agentes o de comunicarse con ellos por cualquier medio.
El secretario jurídico en Córdoba de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Fran Cruz, ha declarado que “respetamos la decisión judicial, como no puede ser de otro modo, pero mostramos nuestra disconformidad con una medida que entendemos excesivamente benévola, y de hecho vamos a recurrirla, porque en este caso no habría estado de más decretar el ingreso en prisión provisional, teniendo en cuenta que la agresión a nuestro afiliado fue alevosa y muy peligrosa para su integridad personal, al haberse desempeñado el investigado con una violencia inusitada incluso cuando el agente ya estaba inconsciente y se encontraba indefenso, a lo cual debe añadirse que permaneció huido durante varios días”.
Por su parte, Gustavo Pérez, secretario general de AUGC en Córdoba, ha afirmado que “mientras se producen a diario agresiones brutales como ésta a guardias civiles y policías nacionales en todo el país, el Gobierno y el Ministerio del Interior siguen sin reconocernos como profesión de riesgo, y el PSOE está bloqueando el desarrollo normativo que pondría fin a esa injusticia. Pero además debe incrementarse la protección jurídica de los agentes, agravando las penas por este tipo de hechos, y dotarles de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales”.
