Los especialistas del Servicio de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil “precisarán” de la utilización de un gorro cuando se vistan de uniforme durante el desempeño de sus funciones. De este modo justifica la Dirección General de la Guardia Civil la adquisición prevista de 5.065 prendas para la cabeza. El coste total estimado, con IVA incluido, es de 107.251,38 euros –alrededor de 20 euros cada uno.- Sin embargo, se trata de una uniformidad que, a día de hoy, ni está regulada ni hay previsión de que se vaya a hacer.
Tal y como indica el Servicio de Abastecimiento de la Guardia Civil en un informe para justificar el objeto del contrato, la Junta Permanente de Uniformidad se reunió el 29 de septiembre del pasado año. Los presentes aprobaron por unanimidad la modificación de la Orden General 12/2009 de uniformidad, de 28 de diciembre. De este modo, quedaría incluido el gorro de la licitación mediante una adaptación del módulo relativo a las prendas de la especialidad de Fiscal y Fronteras. La citada Junta no tiene competencia para establecer esta regulación y en el proyecto de Orden Ministerial que aprueba la uniformidad de la Guardia Civil no hay referencia sobre la citada prenda. Hace menos de un mes que este proyecto de Orden se encuentra en audiencia tras pasar por el Consejo de la Guardia Civil y el único gorro que reconoce es el cuartelero, portado con el uniforme del interior del acuartelamiento. La normativa que está en trámite de audiencia por el Ministerio del Interior tampoco hace referencia a la prenda licitada para la especialidad.
Por todo lo expuesto, cabe afirmar que hay una licitación abierta para la compra de unos gorros que no están regulados ni en el proyecto de Orden que recoge todas las prendas del Instituto Armado y que, a día de hoy, tampoco hay nada previsto para su regulación. Cuando la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil procedió a dar publicidad a la licitación el 22 de abril de este año, el día 23 la Asociación Unificada de Guardias Civiles descargó de la Intranet corporativa el proyecto de Orden General. La normativa no disponía de actualización alguna, por lo que, sin establecer legalmente nada sobre estos gorros del Servicio de Fiscal y Fronteras, se preparó y publicitó el anuncio de compra. Este gasto de dinero público podría conllevar consecuencias legales, ya que existe la pretensión de emplearlo en algo que no está regulado legalmente. Incluso a pesar de que el coste previsto es de más de 100.000 euros, la prenda se excluye de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de la Guardia Civil.
Como se puede comprobar, a las 10:00 finaliza el plazo para que las empresas presenten las ofertas para la licitación. El anuncio, el pliego, la memoria y los acuerdos se colocaron en la plataforma el día 22 de abril, a excepción de un documento: El anexo técnico. Tres días más tarde, el 25 de abril y después de remitir un escrito sobre el asunto a la Directora General de la Guardia Civil, el anexo apareció en la Plataforma. Se añadió porque la Asociación Unificada de Guardias Civiles pidió a la Dirección que explicase cómo era posible que desde día 23 –al menos–, un día después de anunciarse la licitación, la tienda “Ángel Gabardós”, especializada en gorras y complementos y fabricante oficial de algunas prendas para la Guardia Civil, ya dispusiera en su web de un diseño del gorro del Servicio de Fiscal y Fronteras si no había nada establecido ni pública ni oficialmente.
Una vez revisados los cuatro modelos orientativos que acoge el anexo técnico publicado tras el escrito de AUGC, coinciden en su totalidad con los que tenía disponibles, al menos desde el día 23, la web de la tienda “Ángel Gabardós”. En los cuatro modelos –el de guardias y cabos, suboficiales, oficiales y oficiales generales-, la posición del símbolo oficial de la Guardia Civil está donde lo requiere el anexo que publicó a posteriori el Servicio de Abastecimiento de la Dirección. La empresa especializada también acertó, prácticamente al detalle y con precisión, con el ribete de los cuatro modelos. Tal y como aparece recogido en los diseños del anexo técnico publicitado tres días más tarde que el resto de documentos, los gorros de la web “Ángel Gabardós” tiene los colores requeridos. Incluso el sutás inferior de la prenda para Suboficial es rojo, tal y como se requería más tarde en el anexo. Del mismo modo, el de Oficial General tiene acertadamente una serreta bordada en hilo dorado.
Los mismos modelos, disponibles en la página web de la tienda, van acompañados de un sello que señala: “proveedor oficial de la Guardia Civil”. En la parte derecha se lee: “Somos fabricantes. Rechace imitaciones”. Son indicativos que aparecen en las demás prendas que fabrica la empresa, con la salvedad de que, en este caso, “Ángel Gabardós” todavía no es fabricante de los gorros de la especialidad del Servicio de Fiscal y Fronteras.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha solicitado a la Dirección General de la Guardia Civil el acta oficial de la reunión que tuvo la Junta Permanente de Uniformidad el 29 de septiembre 2021. Desde esa fecha estaría prevista la creación de la prenda, algo que es desconocido para las asociaciones integrantes y representantes de los trabajadores en el Consejo de la Guardia Civil.
La creación y el coste de estos gorros suponen un gasto innecesario e injustificado cuando hay necesidad de cascos o chalecos antibalas, por poner sólo dos ejemplos. La Dirección General sabe que la propuesta no sería respaldada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles y decidió omitirla del Consejo. Ahora, dicho gorro debe ser incluido en la Orden Ministerial de Uniformidad y someterlo a debate, tal y como requerimos por escrito a María Gámez. Mientras que no pase por el Consejo, la licitación debe paralizarse. Carece de sentido votar una norma sobre la inclusión de una prenda cuando ya se ha provisto de dinero público para su adquisición.
La Dirección General de la Guardia Civil debe aclarar, tal y como les requerimos por escrito, por qué la empresa “Ángel Gabardós” publica los cuatro modelos de gorros y reúnen una serie de características que no estaban descritas previamente en ningún lado. Que además de no constar en ninguna norma, incluso eran desconocidas para las asociaciones profesionales. María Gámez tiene que esclarecer si ha sido ella misma quien ha tomado la decisión y estaba al tanto de todo o, por el contrario, es una decisión desconocida y tomada por otra Autoridad. Es injustificable que no se destinen esos 107.251,38 euros en material que garantice la seguridad y la salud de los Guardias Civiles.
