El Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha ratificado este martes la orden de prisión comunicada y sin fianza para los dos últimos detenidos por ser tripulantes de la narcolancha que, el pasado mes de febrero, embistió brutalmente a una patrullera de la Guardia Civil en el puerto de Barbate. Este trágico suceso acabó con la vida de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González, quienes perdieron la vida en acto de servicio.
Ambos ocupantes de la embarcación habían sido arrestados en noviembre tras meses de investigaciones por su implicación en este suceso. Según las pesquisas, los acusados formaban parte de un grupo dedicado al tráfico de drogas y pilotaban la embarcación que colisionó deliberadamente contra la patrullera. El impacto, que tuvo lugar en el marco de una persecución, dejó a los agentes gravemente heridos, falleciendo poco después.
AUGC ya había criticado que los detenidos quedaran en libertad en las primeras etapas de la investigación. Además, denunciamos que este tipo de decisiones socavan la confianza en el sistema judicial y no hacen justicia al sacrificio de los agentes que a día de hoy no son considerados grupo de riesgo y que arriesgan su vida combatiendo el narcotráfico en una de las zonas más conflictivas de España, como lo es la provincia de Cádiz y sus provincias limítrofes.
La actuación de las mafias dedicadas al tráfico de drogas en zonas como estas supone un desafío constante para las fuerzas de seguridad, que a menudo trabajan en condiciones de riesgo extremo y con recursos limitados, sin ser reconocidos como profesión de riesgo.
Desde AUGC consideramos que, con la ratificación de la prisión, se da un paso importante hacia el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables, aunque insistimos en que se deben revisar los protocolos judiciales para evitar que los detenidos por casos graves puedan eludir inicialmente la cárcel.
Llevamos años denunciando la falta de recursos y apoyo institucional que sufren los guardias civiles en su lucha contra el narcotráfico. Este caso es una prueba más de la necesidad de que las autoridades actúen con contundencia para garantizar no solo la seguridad de los agentes, sino también la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.
Asimismo, exigimos que se refuercen las medidas para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse, reclamando una revisión del tratamiento judicial de los delitos graves contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Desde AUGC, insistimos en que la lucha contra el narcotráfico no puede llevarse a cabo sin un compromiso claro y decidido por parte de las instituciones. Es fundamental dotar a los agentes de los recursos necesarios y reconocerlos como profesión de riesgo.
