Una vez más, los datos oficiales de la dirección general de la Guardia Civil vienen a confirmar lo que la Asociación Unificada de Guardias Civiles lleva muchos años denunciando, que sólo el 43% de los 678 pabellones-vivienda existentes en la provincia de Córdoba se encuentran en buen estado, mientras que el 57% restante se divide en diferentes catalogaciones: “regular” el 33%, “malo” el 9%, “deficiente o no utilizable” el 15%.
Pero, del mismo modo que ocurre en otros aspectos como los expedientes disciplinarios, la situación no afecta por igual a todas las escalas, porque lamentablemente en la Guardia Civil aún sigue existiendo un cierto “clasismo”, y vivir en un hogar más o menos digno depende del rango. Así, mientras que el 100% de las viviendas correspondientes a ‘coronel a comandante’ y el 70% de las que son para capitán a alférez están en buen estado, sin embargo en los suboficiales son el 58% y en la escala de cabos y guardias descienden hasta el 40%.
En cuanto a los pabellones “deficientes o no utilizables”, son el 18% de los correspondientes a cabos y guardias, el 5% en los de suboficiales, el 3% de capitán a alférez y ninguno de coronel a comandante. A la vista de esos datos, no es de extrañar que solo estén habitadas la mitad de las viviendas, 348, y que sean las de cabos y guardias las menos utilizadas, apenas un 52%, mientras que en las otras escalas la ocupación es mucho más elevada: 100% de coronel a comandante, 63% de capitán a alférez y 54% de suboficiales. Una vez más se pone de manifiesto que la austeridad impuesta a la Guardia Civil no afecta por igual a todas las escalas, y también en esto son las bases quienes soportan el mayor peso de los recortes presupuestarios.
Teniendo en cuenta esta situación, resulta incomprensible que en 2023 se redujera más de la mitad la inversión en pabellones de la provincia de Córdoba respecto al año anterior, pasando de 139.000 a 62.000 euros. Sin embargo, en 2022 se quintuplicó el gasto en dichas viviendas con respecto a 2021, cuando la inversión fue de apenas 26.000 euros, y curiosamente es ese año 2022, junto al de 2023, el periodo investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba debido al supuesto amaño de contratos de obras en cuarteles de la Guardia Civil en esta provincia, que motivó la detención de un sargento y varios empresarios, proceso en el que AUGC está personada como acusación popular.
AUGC viene denunciando desde hace años que en esta provincia la mayoría de acuartelamientos son muy antiguos y que las partidas presupuestarias para infraestructuras son insuficientes todos los años, por lo que se priorizan las actuaciones más perentorias y se dejan de lado muchas otras que son necesarias, especialmente las relacionadas con los pabellones-vivienda. En ese sentido, la comarcalización y agrupación de efectivos que esta asociación reclama insistentemente permitiría reducir considerablemente los costes económicos y mejorar las instalaciones de la Guardia Civil, adaptándolas a las nuevas necesidades de seguridad en el medio rural.
