Los datos oficiales obtenidos por la Comisión de SEPROSE de la Asociación Unificada de Guardias Civiles revelan que el 50% de los vehículos celulares de la Guardia Civil carecen de cinturones de seguridad para los presos y detenidos que son trasladados, porcentaje que se eleva hasta el 78% en los vehículos grandes de 24 y 25 plazas, así como que ese parque móvil está envejecido y muy deteriorado.
En dichos vehículos los internos de centros penitenciarios y los detenidos viajan en asientos rudimentarios orientados lateralmente y sin cinturones de seguridad, por lo que en caso de accidente, o incluso ante simples maniobras bruscas o frenazos, corre grave riesgo su integridad física e incluso su vida, sobre todo teniendo en cuenta que esos vehículos que carecen de cinturones de seguridad han recorrido en 2024 más de dos millones de kilómetros.
Desde que en 2015 una orden ministerial estableció las especificaciones técnicas mínimas que deben reunir este tipo de vehículos han pasado ya diez años y la renovación de esa flota está eternizándose, lo cual se agrava teniendo en cuenta que en algunas unidades se están utilizando más los vehículos sin cinturón de seguridad que los nuevos.
Vehículos celulares viejos y en mal estado
Gracias a las continuas reclamaciones de AUGC, en los últimos años se ha hecho un mayor esfuerzo para la adquisición de vehículos celulares, pero lo cierto es que no llegan los suficientes y además las nuevas incorporaciones se han reducido drásticamente, porque en 2020 se adquirieron 106, en 2021 y 2022 fueron 54 nuevos cada año, mientras que en 2023 y en 2024 solo se han comprado 10 en cada uno de los años.
La situación se agrava aún más a la vista de los datos respecto a antigüedad y kilometraje, porque tienen una media superior a los nueve años de antigüedad, disparándose hasta los 16 años en los vehículos tipo autobús. De hecho, la mitad de la flota tiene más de diez años –el 78% de los vehículos más grandes–, mientras que un tercio superan los quince años –el 69% de los autobuses–, e incluso el 13% acumulan más de veinte años –el 24% de los vehículos tipo autobús–, llegando varios de ellos a los 27 años.
A eso se añade que acumulan un promedio cercano a los 200.000 kilómetros recorridos, superando los 250.000 kilómetros de media en los vehículos más grandes. El 21% tienen más de 300.000 kilómetros, y el 22% de los vehículos tipo autobús están por encima de los 500.000, superando el 16% de ellos los 600.000, el 14% los 700.000, el 4,6% los 800.000, varios con más de 900.000 e incluso uno que ha recorrido más de un millón de kilómetros.
Queda patente que los vehículos grandes, de 24 y 25 plazas, son los más viejos y con más kilómetros acumulados, precisamente los que más presos trasladan a lo largo del año. Y evidentemente, ese excesivo envejecimiento y kilometraje conllevan un elevado coste económico, porque muchos de los vehículos sufren habitualmente averías.
Si atendemos a los datos desglosados por provincias, 37 de ellas promedian más de diez años de antigüedad, situándose 16 provincias por encima de los quince años, encabezadas por Guadalajara con 24 años, Huesca con más de 22, Vizcaya con 20, y Ávila y La Rioja con 19 años. Además, un tercio de las provincias superan los 200.000 kilómetros de media, mientras que Murcia promedia más de 300.000.
Estos datos ponen de manifiesto la escasa preocupación que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil han mostrado durante décadas por quienes se encargan de las conducciones, pero sobre todo por la seguridad de las personas presas y detenidas que son trasladadas en dichos vehículos. La Comisión de SEPROSE de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha trasladado ya esta situación a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Defensor del Pueblo, a los grupos parlamentarios, y a Amnistía Internacional.
Se adjuntan fotografías de asientos rudimentarios para presos y detenidos, sin cinturones de seguridad y orientados lateralmente.
