Las noticias pesimistas en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar se repiten día tras día. Porque mientras que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha anunciado a bombo y platillo la ampliación temporal y geográfica del plan especial de lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, con una inversión de 48 millones de euros para medios materiales y de investigación y para recursos humanos, lo cierto es que unidades imprescindibles para estas operaciones se encuentran en situaciones injustificablemente precarias.
Nos referimos ahora a los servicios marítimos de la Guardia Civil, donde al ya endémico problema de tener que utilizar patrulleras que están diseñadas para navegaciones no tan exigentes como las que acarrean las operaciones que deben realizarse en la zona y su consiguiente deterioro, se suma la falta de presupuesto para sus reparaciones y mantenimiento que está llevando a tener que ser declaradas inoperativas para el servicio, a un número importante de las mismas.
El caso más deplorable en estos momentos se encuentra en el Servicio Marítimo de Ceuta, donde sus tripulaciones deben atender a requerimientos importante relacionados contra el narcotráfico y la inmigración irregular, sin medios adecuados, encontrándose todas las patrulleras, salvo una catalogada como “ligera”, prácticamente inservibles por falta de presupuesto para su arreglo. Teniendo pendiente órdenes de reparaciones que, en algún caso, se remitieron para su tramitación, hace ya la friolera de más de dos años.
Lo anterior, obliga además a realizar el servicio en embarcaciones puestas a disposición judicial y cedidas provisionalmente, las cuales no reúnen los requisitos adecuados de seguridad y que, para más inri, pueden ser confundidas en estas aguas fronterizas, por las Gendarmería marroquí como embarcaciones ocupadas por delincuentes, con el peligro adicional que ello puede conllevar.
En estas circunstancias, AUGC vuelve a requerir al Gobierno que, lejos de anunciar inversiones millonarias que no parecen llegar, facilite de forma inmediata los medios materiales adecuados para que los guardias civiles puedan desarrollar las funciones que legalmente tienen encomendadas, que ya de por sí son arriesgadas, sin tener además que exponer su integridad física de forma gratuita, únicamente porque no se asignan los créditos presupuestarios correspondientes.
