Hace unos meses, la Asociación Unificada de Guardias Civiles denunciaba el incremento de las evasiones de presos durante los últimos años y avisaba que en 2024 la tendencia parecía ser la misma, lo cual ha corroborado ahora el Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ante un requerimiento de la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad de AUGC.
Los datos de Interior revelan que, mientras el número total de fugas se ha mantenido estable respecto a años anteriores, sin embargo en 2024 se han triplicado las evasiones producidas cuando los presos están en los centros hospitalarios y en las clínicas médicas. De hecho, ese tipo de fugas suponen nada menos que el 60% de todas las registradas durante el año pasado.
A pesar de ello, poco o nada están haciendo por revertir el problema las administraciones implicadas, tanto el Ministerio del Interior como las comunidades autónomas. AUGC lleva mucho tiempo reclamando que se habiliten en los hospitales y juzgados garajes, o al menos zonas seguras, con acceso directo y restringido para poder extraer con la suficiente seguridad a los presos de los vehículos policiales, con el fin de evitar los riesgos de fugas y agresiones que se producen cuando esos cometidos se llevan a cabo en plena calle, que es lo que está ocurriendo ahora. Así como que se habiliten en los centros hospitalarios dependencias de custodia adecuadas y separadas del resto de pacientes y usuarios, no solo por seguridad sino también para respetar el derecho a la privacidad y dignidad de las personas internas en centros penitenciarios garantizado en la normativa reguladora.
Pero la medida que más ayudaría a atajar esta situación sería la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios a las comunidades autónomas, obligación establecida por una ley hace más de veintiún años que está siendo incumplida por el gobierno estatal y por los ejecutivos autonómicos. Esa transferencia mejoraría la atención sanitaria que reciben los internos y reduciría considerablemente el excesivo número de traslados que se realizan actualmente, lo cual reduciría mucho las fugas, los riesgos de seguridad y las miles de consultas y pruebas médicas canceladas por falta de agentes para trasladarles.
Por otro lado, esos datos oficiales ponen de manifiesto que el 80% de las evasiones de presos durante 2024 se han producido cuando estaban fuera de los centros penitenciarios, ya fuera en instalaciones médicas o durante los traslados, mientras que solo el 20% ha tenido lugar en las propias prisiones. Esa enorme diferencia se debe a que la seguridad en las instalaciones penitenciarias es la adecuada, mientras que durante los traslados y custodias en hospitales los medios y el personal son insuficientes, las instalaciones deficientes y los protocolos inadecuados.
En lo que respecta a los intentos de fuga registrados durante 2024, el 32% se produjeron en los centros penitenciarios y el 68% tuvieron lugar fuera de los mismos, sobre todo en los hospitales y clínicas, donde se registraron hasta el 50% de las tentativas totales, alcanzando el número más alto de los últimos siete años, mientras que un 14% se llevaron a cabo en los juzgados y el 4% durante los traslados.
En cuanto a la evolución, no es de extrañar que mientras los intentos de evasión en las prisiones se han reducido un 36% respecto a 2023, los producidos en hospitales han aumentado un 22%. Sin duda se debe a que los presos saben que son los lugares más propicios para intentar la fuga, aprovechando la carencia de instalaciones seguras y que otras personas pueden ayudarles al conocer de antemano su traslado.
Entre los casos que tuvieron lugar en 2024 está el que se produjo en un hospital de Santander, donde familiares de un preso rociaron con gas pimienta a los guardias civiles cuando lo sacaban del vehículo policial, consiguiendo su huida. Y otro en Asturias cuando un interno aprovechó la salida de una clínica privada de odontología para fugarse con apoyo de otras personas. Y un preso que también escapó cuando esperaba a ser atendido en el hospital de Salamanca.
Además de las medidas ya expuestas, AUGC lleva años reclamando la modificación y actualización del protocolo para las conducciones y custodias de presos, así como la renovación de la flota de vehículos celulares de la Guardia Civil, la dotación de los medios específicos adecuados, y formación específica para quienes realizan las conducciones.
Todas esas cuestiones han sido planteadas por la Comisión de SEPROSE de AUGC a Interior, a la dirección general de la Guardia Civil, al Defensor del Pueblo, a diputados y senadores de la mayoría de grupos parlamentarios e incluso a algunas comunidades autónomas. Y seguirá insistiendo hasta que se adopten las medidas necesarias para mejorar esos cometidos y sobre todo la seguridad de los guardias civiles que los desempeñan.
