Desde AUGC venimos observando cómo se viene dando en los últimos años un continuo afán por remilitarizar la Guardia Civil. La presión del Generalato en este sentido, al igual que ha ocurrido con el injusto reparto de la Productividad que se propone ahora por parte de la Dirección, está sin duda detrás de este intento de hacer retroceder los derechos sociolaborales de los guardias civiles.
Ejemplos de esta tendencia los encontramos en los recientes casos de apertura de expedientes disciplinarios con amenaza de condenas de prisión a guardias civiles cuyo único 'delito' ha sido mantener una simple discusión con un superior, en ocasiones incluso encontrándose fuera de servicio.
Así, el Tribunal Militar Territorial de A Coruña juzga a un Guardia Civil destinado en León al que la Fiscalía Togada Militar pide veinte meses de prisión por unos hechos que se produjeron cuando se encontraba fuera de servicio, y en los que intervino otro miembro de la Guardia Civil, de superior empleo, en labores administrativas.
La acción penal surge a impulso del mando militar de la Guardia Civil que remite lo actuado a la jurisdicción militar, a pesar de que los hechos habían sido calificados como falta disciplinaria y no como delito y menos de la jurisdicción militar.
Nuevamente, por tanto, una mera discrepancia deriva, en aplicación del injusto y arbitrario Código Penal MIlitar, en la posibilidad de que un trabajador acabe entre rejas, una situación inverosímil en cualquier Estado de derecho.
De la situación que ahora vive el compañero de León encontramos numerosos precedentes en meses recientes. Cabe recordar, en este sentido, que el pasado mes de junio representantes de AUGC se concentraban en Sevilla ante la sede del Juzgado Togado Militar para protestar contra el procesamiento a tres Agentes destinados en Sevilla, y afiliados a la delegación de AUGC en esta provincia.
A estos trabajadores se les incoaron diligencias previas por la posible comisión de delitos contra la disciplina militar. El motivo fueron unos supuestos audios difundidos en un chat privado de WhatsApp, y que tras llegar de forma casual a algún oficial provocaron la apertura de este caso, ya que supuestamente en dichos audios se criticaba a dos oficiales por sus actuaciones durante los inicios del Estado de Alarma.
AUGC considera que hechos, como el que ahora va a ser enjuiciado, deben ser tratados como meras faltas disciplinarias y no como delitos militares de los que se derivan penas de prisión.
Derechos representativos
Por otra parte, acabamos de conocer el borrador que recoge los derechos de representación de las asociaciones profesionales en la Guardia Civil, y comprobamos que también en este ámbito la Dirección General busca dificultar o restringir dichos derechos.
El intento de complicar la labor de los representantes de AUGC se refleja también en los obsáculos que estos encuentran día a día, como recientemente hemos denunciado respecto al impedimiento al acceso a la Escuela de Tráfico de Mérida de un vocal de la Comisión de Retirados de AUGC para la recogida de firmas contra el copago farmacéutico.
Sin derecho de sindicación
A todo esto se añade que los guardias civiles todavía siguen careciendo de derecho de sindicación, una de las más antiguas reinvindicaciones de AUGC. La sindicación es una herramienta fundamental en los derechos de los trabajadores, y resulta por tanto insólito que en un Estado de derecho exista todavía un numeroso coletivo profesiional que carezca de ella.
AUGC lleva años reclamando este derecho en todos los ámbitos, tanto el político e institucional como el judicial, sin que por el momento hay habido gobierno alguno que haya considerado corregir esta clara carencia.
